“Hablar de carrera judicial es hablar de independencia judicial”. Esa fue la respuesta que ofreció ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres Echalar, que participa en Santa Cruz de la segunda reunión preparatoria para la XXI Cumbre Judicial Iberoamericana.

La declaración del magistrado refuerza el informe presentado en febrero de 2022 por el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, quien mencionó que del total de los jueces que trabajan en los juzgados del país solo el 44% son de carrera, mientras que más del 50% son transitorios. Esto, según el alto funcionario, provoca inestabilidad y no alienta una conducta independiente de quienes se desempeñan en la judicatura.

El Consejo de la Magistratura en 2022 tenía un registro de 1.138 jueces en despacho, de esos, poco más de 600 ejercen sus funciones sobre la base de contratos “transitorios” que culminan cada cierto tiempo y que deben renovarse en función de las disposiciones legales en vigencia, pero también gracias a los contactos que el jurista tenga entre las autoridades del poder político.

El presidente del TSJ dijo que se están buscando jueces que deban su formación, méritos y cargo a una carrera judicial donde serán evaluados y capacitados. Asimismo, señaló que un juez que debe su cargo a una carrera debidamente institucionalizada sus fallos reflejarán transparencia, tal y como reclama la sociedad.

En ese aspecto también coinciden Mirtha Meneses, presidenta del Consejo de la Magistratura. En su criterio, la independencia judicial tiene dos componentes y uno de ellos es la carrera judicial porque es el elemento esencial para el administrador de justicia.

En contrapartida, en marzo de este año, el ministro de Justicia, Iván Lima, mencionó que la mayoría de los administradores de justicia fueron preseleccionadas por el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales.

“El 90% de los jueces que está administrando justicia viene de ese periodo de tiempo. Hay una crítica que siempre se ha hecho en el país: que los jueces van cambiando de camiseta, primero eran evistas, luego pasaron a ser del equipo de la señora (Jeanine) Áñez y ahora pareciera que se quiere resaltar que hay ese tercer cambio de camisetas, pero eso no concuerda con la realidad”, complementó el ministro de Estado.

Según datos de la Escuela de Jueces, la entidad autónoma del Órgano Judicial que está a cargo de la formación de las futuras autoridades, solo logró graduar a 120 profesionales en los 12 años que tiene de existencia.

Reacciones

Tres expertos del Derecho observan que la elección de las autoridades judiciales tiene que ser más integral y dejar de lado la designación por vínculos político.

A decir del abogado constitucionalista y municipalista José Luis Santistevan, el Órgano Judicial no está en condiciones de hablar de independencia.

“Es un tema muy distractivo decir que están formando jueces porque ideológicamente todos tienen un compromiso con el Gobierno debido a que su designación viene de ahí. Es decir, no se ha hecho una institucionalización real en el Órgano Judicial, por lo tanto muchos jueces y vocales de los tribunales departamentales están vinculados al poder político”, insistió Santistevan.

También agregó que exista o no la carrera judicial, el gran problema sigue siendo el poder político que ha encontrado mecanismos para cooptar el Órgano Judicial, por eso se necesita una profunda restructuración partiendo de sus principales miembros.

En tanto, el también constitucionalista William Herrera dijo que si bien la carrera judicial busca la estabilidad, esta solo se enfoca en los jueces y no en “las cabezas”.

“La independencia judicial es un tema gordo que no solamente pasa por la carrera y designación, sino que también se debe contar con un presupuesto, capacitación y tecnología. Por eso, cuando se habla de reforma judicial son varios temas y no uno solo”, dijo Herrera agregando que si se quiere reformar la justicia tiene que ser algo más integral.

De igual forma, Carlos Borth, también experto en Derecho Constitucional, dijo que en teoría los responsables de impartir justicia, graduados de la Escuela de Jueces, se supone que deberían ser profesionales que respeten la independencia judicial. “Pero, en la práctica, la propia escuela está mediada y depende del poder político para después pagar la factura”, concluyó el abogado.