La efectividad y eficiencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sido cuestionada hasta por el propio Poder Ejecutivo, algo que sorprende, puesto que el partido gobernante goza de abrumadora mayoría parlamentaria. Primero fue un ministro el que calculó el abultado costo operativo de la Asamblea por cada ley que aprueba, y luego el propio presidente Arce se quejó por el perjuicio de tener leyes que “duermen” en los curules de la Asamblea.

Algunos senadores y diputados, por su parte, justifican la labor que realizan mostrando un detalle de leyes aprobadas y de otras acciones que han llevado adelante en sus dos años y medio de gestión. Al margen de las apreciaciones de uno y otro lado, corresponde hacer un simple análisis de aspectos cuantitativos y cualitativos para tener mejores parámetros de evaluación.

En lo numérico, los asambleístas han aprobado 194 leyes desde que asumieron sus cargos. Parece un número elevado, pero no lo es tanto cuando se advierte que 125 de ellas –un 64% del total– son de carácter administrativo. En esta categoría entran las transferencias de terreno, aprobación de presupuestos, ascensos militares, elección de autoridades, declaraciones de patrimonio cultural, etc.  Las 69 leyes restantes fueron proyectos presentados por el Ejecutivo. Dentro de este grupo se encuentran leyes de mayor impacto, como las de reactivación económica y las de fortalecimiento pospandemia; y las que asignan recursos para la realización del censo, construcción de carreteras, manejo de recursos hídricos, hospitales de tercer nivel y otros. 

Lo que se echa de menos en ese somero listado, son las leyes concebidas por iniciativa del propio órgano legislativo, lo cual forma parte de sus competencias constitucionales. Por algo un Parlamento es considerado el primer poder del Estado y sus integrantes son llamados ‘padres de la patria’ en la jerga popular. Semejantes atributos, sin embargo, quedan devaluados si este órgano no genera una orientación de la política pública y de las líneas de actuación del Estado. En esta categoría de labor legislativa se pudo haber mencionado los proyectos de ley que presentó la oposición, pero Éstos no prosperaron por la falta de respaldo del bloque oficialista. 

Otra responsabilidad medular de la Asamblea Legislativa es la fiscalización del Poder Ejecutivo. En cumplimiento de esto, varios ministros comparecieron ante los asambleístas en sendos procesos de interpelación, pero en lugar de rendir examen, más bien salieron aplaudidos en burdas demostraciones de lealtades políticas. La ineficacia parlamentaria en materia de fiscalización es tan alarmante, que algunos asambleístas admiten que han retrasado la aprobación de leyes de financiamiento internacional porque desconfían de quienes deben administrar esos recursos. O sea, en lugar de fiscalizarlos, como corresponde, prefieren negarles los recursos por temor a que se roben la plata. Con estas incoherencias el país pierde oportunidades de desarrollo.

En definitiva, nos encontramos ante un poder del Estado que no rinde al máximo de sus posibilidades. Tiene todas las condiciones para descollar, pero no lo hace. No olvidemos que, aparte de lo ya mencionado, el Poder Legislativo goza de autonomía reglamentaria y funcional, aprueba su propio presupuesto (incluyendo sus incrementos salariales) y tiene la responsabilidad de integrar a los otros órganos del Estado. Es decir, el sistema democrático le brinda todas las garantías institucionales y personales para que pueda ejercer su labor sin sobresaltos. En este contexto, los asambleístas plurinacionales están en deuda con sus electores. La gente espera mucho más de ellos.