Nuestra Constitución tiene al frente a poderosos enemigos. Está desde luego, en primer plano y con todo su poder, el conjunto de los aparatos de Estado, comandados por el Ejecutivo y, en destacado sitial, el Tribunal Constitucional que la subordina a su arbitrio y legaliza la montaña de asaltos que se cometen contra ella. El encono de la oposición, abarcando todo su espectro, no es menor, pero al estar privada de poder y arrinconada, prefiere callar, aunque su plan sea revocarla, en cuanto tenga la mínima oportunidad. Hacen cola en la misma fila muchos dirigentes de casi todos los gremios patronales, organizaciones sociales hipotecadas, prelados y expresidentes.

Desde hace un par de años uno de los exmandatarios interinos reitera con insistencia su deseo de cambios constitucionales, ahora también frontalmente auspiciados por el jefe del MAS y, finalmente, por el último presidente del MNR, quien ha dado un paso más que todos, publicando un proyecto de nueva Constitución.

Se ha difundido, la semana anterior, una columna en el que se interpreta que ese proyecto, en realidad, sería la máscara de un golpe propagandístico mediante el que Gonzalo Sánchez de Lozada, refugiado en Estados Unidos desde 2003, buscaría recuperar presencia y protagonismo, asesorado por los mismo estrategas gringos que auspiciaron su triunfo en las elecciones de 2002. Los argumentos están bien presentados, pero fallan, desde mi punto de vista, al suponer que el proyectista olvida el peso que trae acercarse a cumplir casi un siglo de vida, o que apostaría la reanimación de su partido.

Yo entiendo el proyecto de nueva Constitución como una iniciativa de mayor alcance que una jugada táctica de retorno, de pura nostalgia de poder político, o una manifestación de vanidad para asegurarse un sitio menos penoso en el registro histórico del país. Lo veo como el empeño de recuperar la iniciativa histórica del bloque social dominante derrotado en 2003, reforzándolo con nuevas fracciones, detrás de un proyecto de país, basado en la redención integral del molde con el que se forjó la autodeterminación de nuestro país, desde su misma fundación.

Aspira a ser una guía de reagrupación e impulso de un proyecto liberal, originado en la idea de que los grupos sociales que dirigieron la autodeterminación y sus herederos son los únicos capaces y legítimos conductores estatales, porque todos los demás son aptos para seguir y apoyar, jamás para dirigir. Es la visión señorial de la política, ahora plenamente asimilada por la conducción del MAS, al reproducir los esquemas, jerarquías y vicios del viejo Estado que vive de y en medio de crisis sucesivas, como lo hace universalmente el estado capitalista.

Si la revolución de 1952 abrió las puertas para que el estado nacional incorpore lo democrático y popular, ajenos al estado oligárquico y cuarenta y dos años después, a instancias del mismo Sánchez de Lozada se instaure la Participación Popular, con la idea de recuperar la hegemonía movimientista entre los campesinos, su proyecto del siglo XXI reniega de la ampliación de libertades y derechos que abrió paso a un cambio del contenido de clase del estado.

La idea base del proyecto reitera la obsesión de las élites señoriales y coloniales de “liberarnos de los atavismos”  y  para ello, plantea un “cambio estructural”, que es más de lo mismo, ensayado por dos siglos, aunque se adorne de escarceos parlamentaristas, al mismo tiempo que, en consonancia  con lo hecho por Morales Ayma, ignora firmemente el mandato descentralizador, autonomista que ha trazado nuestra Constitución actual, la ampliación democrática -ambos truncados por el régimen masista- y apunta a incrementar frontalmente la concentración y centralización del poder, digitando el nombramiento de gobernadores y altos magistrados por el Ejecutivo.

En un momento de su pasado, Sánchez de Lozada se autodefinía como próximo o adscrito a las tendencias más abiertas del liberalismo político en EEUU; su proyecto constitucional lo ubica sin equívocos, en el liberalismo económico más cerrado y reaccionario. No en vano recurre al Kozolchyk National Center (Nat Law), cuya metodología “toma la costumbre mercantil como dato fundamental de la realidad”.

De ese modo, su “Constitución de todos” busca que el estado, ya ajeno y distante de la sociedad, desde su mismo origen, se aleje más de las necesidades, inquietudes y sentimientos de los ciudadanos a los que oprime y hace que la lejanía del empresario y expresidente con el país que lo vio nacer, se pruebe insondable e irrevocable.