No interesa quien expresó lo que viene, puede ser del color político que sea, su conducta puede ser intachable o puede ser un simple político demagogo, nada de esto importa, lo que nos interesa es el contenido del mensaje. El que comunica es un presidente centroamericano de una nación pobre, dominada por la corrupción y el crimen organizado, expresando que su Gobierno está resuelto a cambiar las malas cosas de su país asumiendo nuevas políticas consistentes en:

“Reorganización de la división político administrativa de la nación.

Reducción del número de alcaldías del país de 262 a 44, (en Bolivia existen 314 municipios) —y luego expresa— ya no habrá 262 alcaldes ni 262 concejos municipales ni concejales suplentes ni todos los demás colaboradores que tienen, ni síndicos, secretarios, tesoreros, jefes de comunicación, gerentes jurídicos, gerentes financieros, asistentes, asistentes de los asistentes, etc., etc., etc. Esta decisión —sostiene— permitirá reducir la carga presupuestaria que implica mantener a tanta gente innecesaria.

Reducir la Asamblea Legislativa de 84 diputados a 60 (en Bolivia existen nada menos que 130 diputados y 36 senadores, es decir, 166 asambleístas cada uno con un suplente, esto es 332 parlamentarios en total con más los asesores, secretarias, ujieres y todo el monumental número de funcionarios administrativos). La corrupción —dice— afecta todas las áreas de la vida. El país no puede funcionar si hay corrupción porque no permite crecer más rápido y frenar el letargo del subdesarrollo en el que nos mantuvieron. Así como construimos una cárcel para los terroristas —agrega— también construiremos una cárcel para los corruptos. Incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan todo lo robado”.

Hasta aquí parte de lo expresado por dicho presidente, pero lo importante hubiera sido que señale que queda abolido el centralismo gubernamental en el que se asientan tiranos que quieren eternizarse en el poder y es de donde nace precisamente la corrupción y el delito estatal.

En Bolivia existe más de medio millón de empleados públicos, asidos a sus cargos para no morir de hambre ante la falta de fuentes de trabajo, están “agarrados” por el estómago cumpliendo órdenes del partido de gobierno, son los que obligadamente tienen que asistir a las reuniones “masivas”, a las marchas, a las fiestas e incluso tienen que servir de elementos de choque siendo trasladados como ganado de un lado a otro. El exceso burocrático paraliza los trámites, las colas hasta para la diligencia más simple son normales dando lugar a exacciones ilegales para impulsar cualquier trámite.

Las coimas en las licitaciones públicas están institucionalizadas y sus autores confesos se convierten en simples testigos a la sombra de la justicia negociada. Los perros adiestrados para olfatear la cocaína en los aeropuertos terminan siendo los responsables del delito.

Tampoco se quedan atrás los suicidios. El que ofrece “cinco candados” de seguridad en la Gestora Pública está en aprietos por su liviandad con un banco sin candados.

La Asamblea Legislativa no tiene razón de ser, no solo que está constituida mayormente por ignaros, sino por gente carente de dignidad y vergüenza que fácilmente vende su conciencia y su voto para aprobar una ley o para dejar impune al ministro interpelado, es el ámbito donde los puñetes y jalonazos de cabellos sustituyen al pensamiento. Lo mismo ocurre en las inservibles asambleas departamentales y concejos municipales.

Madre parcial de este desfase burocrático, es la tan alabada ley de 20 de abril de 1994 por la que, contrariamente, los municipios son más dependientes del poder central otorgándoles poderes y recursos que son apropiados por los burócratas. La venta de ítems fantasma, el infame “prestín”, los sobreprecios en la adquisición de bienes y servicios, las “comisiones” y tantas otras atrocidades son las que imperan.

El sistema judicial no tiene nombre, no existen palabras para describirlo.

Lo propuesto por ese presidente centroamericano es lo mínimo que en nuestro país debería hacerse con la complementación que señalamos, sino estamos perdidos, para no decir otra cosa.

En sentido preventivo que quede un aserto axiomático: en una Constitución se puede introducir todo lo imaginable y todos los derechos habidos y por haber, siempre a título de adorno, la actual Constitución así lo refrenda.