El expresidente Goni Sánchez de Lozada, a sus 93 años, no sólo quiere dejar como parte de su legado político un anteproyecto de Constitución, sino también propone cambiar el sistema presidencial por el parlamentario. En 2017 publicamos, en la editorial Kipus, un libro colectivo que reúne trabajos de expertos constitucionalistas y de distintas nacionalidades, donde abordamos el estudio del sistema presidencial y sus claroscuros en Colombia, México, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

Con la propuesta de Sánchez de Lozada, la temática ha recobrado actualidad en Bolivia, donde, salvo un par de publicaciones, no se ha estudiado menos profundizado sobre el sistema político y sus diferentes manifestaciones. El sistema presidencial, que hemos heredado del modelo estadounidense, “reina” en América Latina y pese a todas las críticas que se le pueden hacer y se le hacen, no existe posibilidad de cambiar (a corto o mediano plazo) al sistema semipresidencial, menos al parlamentario europeo, como propone el exmandatario.

En nuestra publicación pasamos revista a sus antecedentes, ventajas y desventajas, las reformas y búsqueda de cómo mitigar sus rigores, que se han caracterizado —históricamente— por la concentración del poder en la figura del presidente del Estado.

Sin embargo, con la finalidad de mejorar se proponía, por ejemplo, el “semipresidencialismo” en Chile y se ha introducido la figura del jefe de gabinete de ministros en la Argentina y el presidente del consejo de ministros en Perú. En estos dos últimos países se trata de una suerte de “minipremier”, que busca la moderación del hiperpresidencialismo y el reforzamiento de la gobernabilidad, de modo que, ante una crisis del sistema presidencialista, ésta podría resolverse con el sacrificio político, vía renuncia o censura parlamentaria del “fusible”, en vez de la caída del presidente. No obstante, en la evaluación que se hace de esta innovación institucional, en ambos países, el presidencialismo persiste igual o, peor todavía, se ha agrandado poniendo de manifiesto mucho más su carga negativa.

La pregunta central sigue siendo la misma, ¿cómo logramos mediante un diseño constitucional, fortalecer y democratizar los sistemas políticos para que puedan resistir, democráticamente, los múltiples desafíos que debemos enfrentar como sociedades modernas?

Al tiempo de comparar el sistema presidencial y el sistema parlamentario, el mexicano Jorge Carpizo advertía que no existe una forma universal de gobierno que sea la mejor, que diferentes condiciones de desarrollo social y económico, así como político hacen que un sistema de gobierno sea más adecuado en un país que en otro, que los estudios críticos del presidencialismo tienen importancia, que existen diversos tipos de presidencialismo y que unos funcionan mejor que otros, dependiendo de una serie de factores, tales como las facultades legislativas de que goce el presidente.

Es verdad que cierta bonanza y crecimiento económicos son determinantes para la estabilidad del gobierno y la funcionalidad de cualquier diseño político (presidencial, parlamentario o semipresidencial). Esta bonanza económica viene a explicar, en parte, no sólo que el sistema presidencial funcione en Bolivia, sino que el expresidente Evo Morales haya gobernado 14 años (ininterrumpidamente) y buscado reelegirse tres veces, perforando la Constitución. En realidad, no hay poder ejecutivo débil con un presupuesto fuerte y musculoso, porque el presidente siempre saldrá con cierta facilidad de las “turbulencias” políticas, que son imprescindibles en todo régimen democrático.

En el diseño constitucional, el presupuesto general del Estado es el instrumento perfecto que tiene el presidente para generar y concentrar el poder político y económico, máxime —como en el caso boliviano— cuando administra y tiene a su disposición al menos el 88% del total de los ingresos programados, y tan solo el 12% se distribuye a 360 instituciones autónomas (gobernaciones, alcaldías municipales, universidades públicas, comunidades indígenas). 

También resulta determinante contar no sólo con partidos políticos fuertes, debidamente institucionalizados y competitivos sino también con líderes honestos (no caudillos que quieran eternizarse en el mercado del poder) y con profunda vocación democrática y sensibilidad social.

No cabe duda de que el funcionamiento del sistema político, dependerá igualmente de la clase dirigente, los actores políticos y la sociedad civil en su conjunto.