La admisión de la demanda del ex alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de sus casos en Bolivia, permitieron que la justicia revise sus decisiones, dijo el burgomaestre cochabambino; mientras el Gobierno se deslindó del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“No es por arte de magia que desaparecen 12 procesos, es decir, esto presentamos hace más de 14 años a la CIDH hasta poder lograr una respuesta, la CIDH tarda demasiado, me imagino que tiene tantos casos a nivel mundial, así que salió el mío, obviamente en el tema de fondo se ha comunicado al Gobierno de todas las vulneraciones que han cometido en contra de mi persona”, dijo el alcalde de Cochabamba a EL DEBER.

El 31 de mayo el TCP emitió la sentencia constitucional 0405/2023-S4 mediante la cual la defensa de Reyes Villa pidió la nulidad de 13 procesos. Los magistrados accedieron a anular 12 de los mismos, lo que desató una ola de protestas de las filas del 'evismo' que acusó al Gobierno de hacer pactos con Reyes Villa.

“Este hecho no quiere decir que el señor Reyes Villa esté en un pacto de impunidad con el Gobierno, no se ha procesado ni sancionado, lo que ha definido el Tribunal Constitucional es que le corresponde el juzgamiento de privilegio establecido”, dijo el viceministro de Justicia, César Siles, en conferencia de prensa, en defensa de las acusaciones contra el Gobierno.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, declaró en esa misma línea y dijo que la sentencia del TCP fue una decisión de la justicia en la que el Gobierno no tuvo ninguna injerencia.

El 20 de mayo de 2021 la CIDH publicó la admisibilidad del caso 97/21 de Manfred Reyes Villa en contra del Estado boliviano. En su demanda describió todos los casos que tenía abiertos en Bolivia y cómo le negaron el acceso a la justicia. En la entrevista con EL DEBER Radio el alcalde dijo que él está dispuesto a someterse a los procesos que crea conveniente el Gobierno, pero en el ámbito que le corresponde, el juicio de responsabilidades.

El argumento que planteó la defensa de Reyes Villa fue simple, él fue designado prefecto de Cochabamba en enero de 2006 y los hechos denunciados corresponden al periodo 2006-2008, precisamente cuando era prefecto del departamento. El Gobierno inició demandas judiciales en tribunales ordinarios pese a que le correspondía ser procesado en juicio de responsabilidades, tal como mandaba la antigua Constitución Política del Estado.