Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: viernes 23 de junio de 2023
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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Pero si bien esa circunstancia y la conectividad actual ayudan a que los casos se hagan públicos, la corrupción en el aparato estatal, en todas sus instancias, es y ha sido constante y creciente.
Para el ciudadano común, es una indignación que se renueva sin pausa. Para el Gobierno, un problema serio, más aún ahora cuando el oficialismo está ya en carrera preelectoral.
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La sucesión de casos y denuncias de corrupción que involucran a funcionarios del Estado es tan nutrida, desde hace unos meses, que parece ya muy difícil indignarse más y ha impulsado al Gobierno a presentar un anteproyecto de ley al respecto.
No es que en Bolivia sean raros los escándalos que manchan las gestiones gubernamentales y la actual ha debido enfrentarlos muy temprano: a las tres semanas de la posesión del gabinete de ministros.
Es precisamente en esa alta esfera del Gobierno donde estallaron los más sonados, probablemente debido a la alta investidura de los involucrados: cuatro.
De ésos, sólo dos fueron destituidos ambos eran titulares de la cartera de Desarrollo Rural y Tierras.
El primero había contratado a su expareja en un alto cargo y mintió públicamente para disimular sus actos de nepotismo y tráfico de influencias.
El segundo fue cesado cuatro meses después de su designación, luego de ser detenido cuando recibía 20 mil dólares como anticipo de un soborno.
Al cumplirse un año de gobierno, el Ministro de Educación dimitió de su cargo, imputado por presuntas irregularidades en la designación de autoridades de su área.
El último ministro dimisionario, el de Medio Ambiente y Aguas, renunció hace seis semanas, acorralado por las denuncias de coimas que exigía para adjudicar obras.
Uno de sus viceministros también dimitió, y ambos están encarcelados en detención preventiva, imputados por enriquecimiento ilícito.
Este último escándalo de corrupción que se hizo público es parte de la serie de cinco casos que se conocieron en los últimos dos meses.
Los otros se refieren a la tardía intervención del Banco Fassil por “ceses de pagos”, asunto agravado por la trágica muerte en circunstancias poco claras, la apertura de una investigación de la Fiscalía contra el presidente de YPFB por presunto sobreprecio y sobrevolumen en la importación de combustibles y, la denuncia de corrupción en las donaciones de hojas de coca incautadas.
Es evidente que la conflictiva coyuntura que vive el Movimiento Al Socialismo, virtualmente fracturado, es propicia a las denuncias de corrupción del bando evista contra funcionarios del otro, del que está en el Gobierno.
Pero si bien esa circunstancia y la conectividad actual ayudan a que los casos se hagan públicos, la corrupción en el aparato estatal, en todas sus instancias, es y ha sido constante y creciente.
Para el ciudadano común, es una indignación que se renueva sin pausa. Para el Gobierno, un problema serio, más aún ahora cuando el oficialismo está ya en carrera preelectoral.
