En Bolivia, siete de cada 10 mujeres electas que sufren acoso y violencia política son del área rural o comunidades indígenas. Según la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), en más de cinco años se registraron 600 denuncias.

La brutal agresión que sufrió la asambleísta del MAS de Santa Cruz Muriel Cruz es uno de los cientos de casos registrados de acoso y violencia política que apunta a diferentes factores de género, machismo, fiscalización, coyuntura política y más, advertidos por la Acobol y la Defensoría del Pueblo.  

De acuerdo con datos comparativos e históricos de la Acobol, desde 2018 hasta el 12 de junio se registraron 600 denuncias de mujeres. De esa cifra, el 70% corresponde al área rural, lo que significa que de cada 10 víctimas siete son de las comunidades.

En 2018, unas 117 mujeres electas sufrieron acoso y violencia política; en 2019 la cifra de denuncias aumentó a 127 (ver infografía).

En 2020 se incrementó aún más, llegó a 160 autoridades electas víctimas de violencia y acoso político en el país.

Cabe recalcar que en estas dos gestiones (2019 y 2020) la coyuntura o la crisis política desatada en el país exacerbó más la problemática, siendo uno de los factores principales por los que se dan las agresiones verbales y físicas contra concejalas, alcaldesas o asambleístas, indica la Acobol.

Los departamentos donde hay un conflicto político más acentuado entre oficialismo y oposición son también lugares donde se presentan más denuncias de vulneración a los derechos de las mujeres electas en varios ámbitos públicos.

Esto se revela en la información recabada por Acobol, pues en 2022 de las 76 denuncias de acoso y violencia política reportadas 22 corresponden a Santa Cruz y 21 a La Paz.

Este año, de enero al 12 de junio, la Asociación tiene registradas 41 denuncias. De éstas, 14 corresponden a La Paz; le siguen Pando con seis y Santa Cruz con cinco víctimas de acoso y violencia política.

En las demás regiones, los casos reportados son de tres a cuatro denuncias. Según la Acobol, aunque el número de denuncias parezca mínimo, ya en la segunda mitad de gestión la vulneración suele incrementarse porque debido a la presión y hostigamiento que sufren las mujeres electas muchas llegan a renunciar.

Situación

En días pasados, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que la agresión contra la asambleísta Cruz no es aislada y que hay otras autoridades, en especial, indígenas que fueron humilladas por sectores radicales de derecha.

“Lamentablemente hace unos días hemos conocido la humillación contra una dirigente de la nación guaraní. Así como pasó el año pasado contra mujeres de la nación ayorea”, apuntó Prada la semana pasada.

La causa principal del acoso y la violencia política en Bolivia es el machismo, y este está cimentado tanto en el área rural como en las ciudades. Pero no solo daña psicológica y físicamente a las autoridades electas, incluso llega a costarles la vida.

El caso emblemático de esta violencia está representado por la concejala de Ancoraimes de La Paz Juana Quispe, asesinada en 2011. Un año después de su muerte fue aprobada la Ley 243 de Acoso y Violencia Política, considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal, y la prevención de la violencia y discriminación es un mandato constitucional.

Defensoría

El acoso y la violencia política tienen diferentes análisis. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Acobol identifican unas 10 causas (ver infografía).

Además, en un informe reciente que lleva el título Obligadas a renunciar, la Defensoría del Pueblo recomienda modificar la Ley 243, para incorporar otro delito, que son los “compromisos forzosos”, para que mujeres electas renuncien.

Por su lado, tomando como antecedente lo ocurrido con la asambleísta Cruz, el Gobierno activó el Mecanismo de Prevención del Acoso y la Violencia Política.

Activarán atención para víctimas y acelerarán las investigaciones

En la primera reunión de los integrantes del Mecanismo de Atención y Prevención contra la Violencia Política se determinó activar protocolos de atención para brindar asistencia a las víctimas, además de acelerar las investigaciones en el Ministerio Público.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó, en esa primera reunión, que en los últimos años solo existen tres sentencias por acoso y violencia política en Bolivia, algo que es inaceptable considerando que desde 2018 hasta junio de este año la Acobol atendió 600 denuncias.

Un compromiso es desarrollar los actos investigativos con celeridad dentro de los procesos penales por acoso y violencia política, para lo cual se solicitó al Ministerio Público remitir la información de todas las denuncias hasta el momento.

Por su lado, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) seguirán los casos y brindarán patrocinio a las víctimas que así lo soliciten. La misma tarea hará la Defensoría del Pueblo.

En la reunión también se comprometió que revisarán y ajustarán los protocolos preventivos contra el delito.