El proyecto de ley de Organizaciones Políticas (OP) presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determina que la dirigencia de las OP deberá rendir cuentas anuales a su militancia sobre el uso de las contribuciones de los militantes, donaciones, de inversiones, contribuciones en especie, así como la recuperación de recursos observados por el Órgano Electoral; también obliga a garantizar el acceso a la información “en todas sus acciones”.

La dirigencia del MAS debe rendir cuentas, ante su militancia y el país, por ser las dudas sobre el manejo transparente en estos asuntos. El MAS adopta un discurso ‘antipartido’, pero, es un instrumento político, no de ‘movimientos sociales’, que dejaron de serlo al ser gobierno, sino de las tres organizaciones sociales conocidas como las ‘trillizas’ (cocaleros, Bartolinas y sindicatos campesinos) que son su base fundacional y núcleo de Conalcam, síntesis del corporativismo empoderado.

El Conalcam define candidaturas, pactan cuotas de poder en la estructura de gobiernos encabezados por el MAS, sin que su dirigencia se desvincule de la representación y conducción sindical. Entre pugnas internas, conflictos de interés, el camino para el tráfico de influencias, el clientelismo y cohecho electoral está más expedito que nunca. Las cifras no mienten. ¿Sabía usted que entre 2012 y 2015, especialmente durante años electorales, el programa Evo cumple invirtió Bs 134.864.489,49 en sedes sindicales? Favoreció a 54 organizaciones de la sociedad con equipamiento y la generosa entrega de vehículos a su dirigencia. ¿Financiamiento político camuflado?

Es imperativo que la obligación de rendir cuentas a las OP a sus bases y al Órgano Electoral se amplíe a la dirigencia de las trillizas y otras organizaciones sociales y cívicas que se asimilen a la gestión pública. La norma debe obligar a renunciar al rol de dirigentes en tanto asuman responsabilidad gubernamental.

La tendencia de privilegiar el ingreso a filas partidarias de dirigentes sindicales o cívicos no es nueva. El MAS la legitimó a título de inclusión de los antes marginados y fuerzas ‘vivas’ de la sociedad y consoliwdó como modelo de gestión que reproduce la lógica prebendal, altamente tóxica para la salud de la democracia.