Nos invade la sensación de que los esfuerzos de las organizaciones democráticas y el accionar ciudadano tienen cada vez menos poder frente al régimen del MAS. Pocas veces hemos visto en la historia contemporánea que una masiva huelga de maestros de nueve semanas, multitudinarias marchas, huelgas de hambre, crucifixiones, tapiamientos humanos, detenidos, heridos y todo lo que esto implica termine sumando cero. Resultados muy parecidos vemos en una infinidad de protestas ciudadanas y actos de indignación colectiva, en todos los casos el resultado, sino nulo, resultó insuficiente.

Esta capacidad de neutralizar la acción ciudadana y mostrar una enorme tolerancia a la protesta parece ser uno de los puntos distintivos de las dictaduras siglo XXI. Una situación similar la vemos en Venezuela, en Nicaragua, en Corea del Norte, en China y en general en todos los regímenes de corte autoritario y dictatorial.

Hace apenas unos años, una huelga de la magnitud y duración similar a la del magisterio, por ejemplo, hubiera puesto a cualquier régimen en vilo y una oposición ciudadana tan persistente y progresiva como la actual hubiera deslegitimado cualquier régimen, lo cierto es que nada de esto sucede. Si entendemos la protesta como todas las manifestaciones democráticas contrarias a cualquier tendencia autoritaria, tendríamos que preguntarnos qué tienen las dictaduras actuales para resistir y neutralizar la protesta y la indignación ciudadana. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿de dónde las dictaduras modernas sacan el poder de resistencia que muestran con tanta eficiencia?

Pienso que las fuerzas autoritarias una vez que toman el Estado desestructuran todos los mecanismos de control, participación y representación social que eventualmente no participen de su proyecto político y su visión de sociedad, y en su remplazo construyen un punto ciego en el que todas las acciones de la sociedad civil se diluyen y finalmente quedan neutralizadas, algo así como un agujero negro que devora toda pulsión social contraria al régimen.

Si la institucionalidad democrática es, en última instancia, la puesta en marcha de un conjunto de normas que rigen la convivencia social, en ausencia de instituciones democráticas los límites los fija el gobierno en directa relación a sus intereses, es decir, puede hacer lo que mejor le venga en gana desde el momento en que no hay instituciones que lo frenen, de manera que, restituir las reglas de juego democrático pasa por restituir las instituciones democráticas, empero, ya que diezmar la institucionalidad garantiza a los regímenes autoritarios libre albedrío y prorroguismos eternos es imposible que se propongan hacerlo, de manera que La institucionalidad democrática, y en general el campo democrático en que la protesta pueda tener un efecto estatal real, tiene que ser obra de la sociedad civil al margen del Estado.

De lo que se trata en consecuencia, es de crear un Poder Ciudadano capaz de establecer o restablecer los límites de la acción política de forma independiente al gobierno de turno y al Estado vigente, esta es, probablemente la única fórmula que elimine el punto ciego que las hace indemnes. Un Poder político-ciudadano radicado en la ciudadanía. De hecho, ya existen estas experiencias. Las acciones del CONADE por ejemplo, o de la Defensoría de los Derechos Humanos son buenos ejemplos, ambas son instituciones de la sociedad civil que ejercen un poder paralelo fundado en su independencia, de esto se desprende además algo obvio para todos nosotros; solo la acción ciudadana será capaz de restablecer un horizonte democrático.

Todo este argumento apunta a remarcar la necesidad de pensar un proyecto político alternativo al MAS, basado en una estrategia en la que, el Poder Ciudadano sea el elemento dinamizador capaz de suprimir ese dispositivo dictatorial que hemos llamado punto ciego, y reconstruir por esta vía el escenario de una democracia ciudadana.

Renzo Abruzzese es sociólogo, con maestría en Salud Pública.