Ha causado sorpresa y reacciones virulentas la propuesta de una nueva Constitución, nada menos que del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El documento presentado, bajo el título “La Constitución de todos”, contiene un preámbulo y 194 artículos distribuidos en cerca de 30 páginas tamaño carta. A sus 93 años, Goni argumenta que el objetivo primordial de su propuesta “es la defensa de la libertad y la democracia del asedio del autoritarismo, mediante mecanismos flexibles más acordes con la inestable realidad que el mundo nos presenta hoy”. 

Como era de esperar, el Gobierno rechazó de manera categórica la propuesta y descalificó a su autor acusándolo, entre otras cosas, de los hechos luctuosos que provocaron su renuncia a la Presidencia en 2003. Otros actores políticos y analistas se tomaron el tiempo de leer el documento y han expresado sus criterios sobre reformas de fondo, como la de cambiar el sistema presidencialista por un sistema parlamentario con un primer ministro a la cabeza, similar al que tienen varios países de Europa.

Al margen del análisis de su contenido, la propuesta de Sánchez de Lozada representa un cuestionamiento implícito a la Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada en 2009, tras una turbulenta y fallida Asamblea Constituyente. Con cambios de sede y sin la participación de opositores, el texto finalmente fue aprobado y resultó ser fiel reflejo de la propuesta del partido dominante, el MAS, que pretendía borrar de un plumazo el pasado republicano y neoliberal, para refundar el país con una visión indigenista y un modelo productivo comunitario con fuerte participación estatal. 

La falta de debate democrático y de consensos en aquella etapa fundacional dejaba latente la posibilidad de que en algún momento se tenga que reconsiderar la Constitución vigente. Es justificable, entonces, la pertinencia de la propuesta de Goni o de cualquier otro reformista que tenga un mínimo de credenciales. Era cuestión de tiempo, más aún ahora, cuando el país ya no vive en épocas de bonanza del ‘proceso de cambio’, cuando la institucionalidad democrática se encuentra ostensiblemente deteriorada y cuando la economía no ha conseguido dar un salto cualitativo en materia de producción, calidad del empleo y seguridad social.

Esto no significa que el trabajo de Sánchez de Lozada contenga la solución a los problemas del país ni mucho menos. Quizá el sistema parlamentario que él propone tiene la virtud de desactivar el autoritarismo, pero, por otro lado, quita autonomía a los departamentos al anular la elección de los gobernadores por voto popular. También se puede debatir sobre sus conceptos de libertades individuales y libre mercado, en el contexto del estatismo que el MAS implantó hace ya varios lustros.

Tampoco se puede pretender que el país se embarque en otro proceso de reforma constitucional, cuando existe un sinnúmero de necesidades apremiantes que atender. Hay que reconocer, sin embargo, que la Constitución de 2009, contiene lamentables excesos de forma y de fondo. Su preámbulo novelesco, sus exagerados 411 artículos, su estilo rimbombante, sus contradicciones y ambigüedades, y, sobre todo, su espíritu absolutista, hacen que esta Carta Magna vigente sea totalmente rebatible.

Recién cuando estén dadas las condiciones políticas, sociales y económicas se podrá pensar en reformar la Constitución, aunque sea de manera parcial.  Esto se dará tarde o temprano, por una cuestión de necesidad y porque el mundo cambiante del siglo XXI impone nuevos retos en cada recodo del camino. Por ahora, toda propuesta constructiva, venga de donde venga, debería ser considerada, porque, al final de cuentas, todo es debatible y perfectible.