El proceso de preselección de candidatos a magistrados de los altos tribunales judiciales del país ya lleva paralizado 54 días y tendrá que seguir esperando porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recién sorteó hace dos semanas la demanda, pese a que el diputado Leonardo Ayala presentó en abril.

“La medida cautelar está vigente en este momento, han sorteado el expediente hace dos semanas atrás, está transcurriendo el plazo de 40 días que tienen ellos para dictar su sentencia”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, cuando los periodistas le consultaron sobre el estado de la preselección de candidatos a magistrados.

La preselección de candidatos a las cuatro instancias judiciales está paralizada desde el 27 de abril y ya transcurrieron 54 días desde entonces y hasta ahora no hay un fallo final del TCP sobre la forma cómo debe encararse esta preselección. La medida cautelar y la admisión de la acción de inconstitucionalidad abstracta que planteó el diputado Ayala fue publicada el 27 de abril de este año.

El ministro Lima relató una reunión que tuvieron este martes con todas las instancias judiciales e informó que, en la misma, los magistrados del TCP se comprometieron a emitir el fallo final sobre este tema en breve tiempo.

“Esperemos en las próximas dos semanas un pronunciamiento del Tribunal que iría en relación a los plazos que señala la ley 254, pero es importante tener esa sentencia para poder continuar en la aplicación de la ley (corta)”, informó el ministro.

Según la denominada ley corta se requiere un tiempo de 160 días para todo el proceso, tanto para la preselección de los candidatos, como la elección de los mismos a través de voto universal. 60 días tendrá la Asamblea para preseleccionar a los postulantes, mientras que el TSE dispondrá de 100 días para organizar las elecciones judiciales.

Lima también descartó la posibilidad de que el Gobierno emita un decreto y subsanar este problema y dijo que están en los plazos que corresponden y la elección puede llevarse a cabo, esperando que los magistrados emitan su fallo cuanto antes.

“Yo descarto por completo la posibilidad de un decreto, el decreto supremo no es una de las opciones que está contemplando el Gobierno del presidente Arce y nos vamos a concienciar en darle viabilidad a las transformaciones de la Justicia y al cumplimiento de la Constitución”, aseguró.