A pocos meses de cumplirse 20 años de la “Masacre de Octubre” de 2003, el canciller Rogelio Mayta cuestionó a gobierno de los Estados Unidos de “cobijar” al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y afirmó que se insistirá en su extradición para que rinda cuentas por los hechos luctuosos durante su gobierno.

La solicitud fue presentada hace más de 10 años, cumpliendo con todas las formalidades, sin embargo, cuestionó que hasta el momento, el gobierno del país del norte, no se ha pronunciado. “Está ahí el trámite de extradición, en alguna gaveta”, dijo.

“Él (Sánchez de Lozada) se encuentra en los Estados Unidos, junto a Carlos Sánchez Berzaín, quien fuera su ministro de Defensa, otro artífice de la masacre, ahí los cobija el Gobierno de los Estados Unidos”, cuestionó.

El emandatario huyó del país el 17 de octubre de 2003, en medio de la movilización popular en la denominada “Guerra del Gas” por la defensa de los recursos naturales y por las muertes ocurridas en su gobierno.

“Una vez que se ha hecho un pedido (de extradición), lo que pueda hacerse,  es recordar que el pedido está pendiente eso es lo que se ha realizado durante la gestión de este Gobierno, es lo que se puede hacer en el marco de las reglas del derecho internacional y es lo que se va a seguir haciendo”, dijo.

En 2018, un jurado civil de Estados Unidos declaró al exmandatario y a su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, “culpables” de las ejecuciones extrajudiciales de al menos 69 personas en 2003, durante la Masacre de Octubre.

En Bolivia, su extradición fue solicitada, por primera vez, en noviembre de 2009, sin embargo, el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida lo rechazó bajo el argumento de que no había base para la acusación por crímenes de lesa humanidad.

El exmandatario, quien reside actualmente en el país del norte, y está por cumplir 93 años de edad, reapareció el fin de semana en la escena nacional mediante una propuesta donde propone el retorno de la república en lugar del actual Estado Plurinacional.

El jefe de la diplomacia boliviana calificó al exmandatario como un personaje “nefasto en la historia boliviana” y consideró que su gobierno se caracterizó en ser servil al modelo neoliberal norteamericano, privatizar los recursos naturales y mantener una sociedad excluyente.