Un rápido repaso al cronograma político nos permite constatar que todavía falta un año y medio para las próximas elecciones generales; sin embargo, ya estamos embarcados en un proceso de intensa electoralización. En realidad, la última gestión de gobierno, a diferencia de cualquier otra, se ha visto fuertemente contaminada por preocupaciones electorales desde el inicio.

Todo comenzó con la precipitada decisión de partido de gobierno de convocar a un referendo para modificar un artículo de la CPE que permitiera, una vez más, la habilitación de Evo Morales para ser candidato a los comicios de 2019, cuando no había transcurrido ni un año de su última posesión como Presidente, vale decir en noviembre de 2015.

Desde donde se observe, el referendo que se llevó a cabo el 21 de febrero de 2016, trajo más perjuicios que beneficios para los políticos. Para el partido de gobierno, lejos de los supuestos cálculos de dejar el tema resuelto para 2019, los resultados de la consulta fueron altamente adversos, pues la población votó en contra de la modificación constitucional, poniendo en serios aprietos a sus protagonistas, que continuaron buscando justificaciones y desafortunadas maneras de insistir en la repostulación. 
Tampoco fue una victoria para la oposición política, porque el NO, expresado en el voto, no fue producto de la acción de los líderes opositores, ni sirvió como escenario de rearticulación de las débiles opciones existentes. En realidad, el único factor que se potenció con este hecho electoral fue la ciudadanía. Tomó posesión del escenario político, desplazó tanto al MAS como a los partidos opositores. Y decidió pronunciarse, tanto a través del voto en el referendo, como mediante un creciente activismo político espontáneo y directo en las autodenominadas plataformas, y colectivos ciudadanos, en las calles, en los espacios privados y, sobre todo, en las redes sociales, para defender el voto y el respeto a la democracia.

A estos problemas hay que sumar la ingobernabilidad que se generó en diversos espacios institucionales públicos debido a la temprana electoralización del proceso, que supuso, en unos casos, la priorización de intereses partidarios mediante medidas populistas; o, en su defecto, la amenaza y destitución de autoridades para quitarlas del camino hacia una posible carrera electoral.

Este cambio de escenario desbordó también los espacios de opinión pública, porque se comenzaron a difundir, de manera recurrente, encuestas de intención de voto y popularidad de los posibles candidatos, que emergieron producto de coyunturas críticas o de su potenciamiento desde espacios locales.

El hecho es que esta coyuntura ha confundido dos problemáticas políticas que, por las circunstancias, merecen ser claramente diferenciadas: la lucha por la preservación de las reglas de la democracia, por una parte, y, por otra, las proyecciones electorales, que no corresponde poner en debate en el momento actual.

Al fundirse ambas, se cae en el facilismo de afirmar que todo aquel que pide el respeto del voto del 21 de febrero es opositor, antimasista, representante del denostado neoliberalismo y, consecuentemente, presa de la manipulación de la oposición política, cuando, más allá de estas batallas discursivas, lo importante hoy es concentrarse en reafirmar y respetar las bases de la democracia instauradas en la nueva CPE. A partir de ahí se debe levantar la bandera de la competencia electoral, cuando corresponda y con quienes realmente sean opciones habilitadas para ofrecer un futuro político al país.

María Teresa Zegada es socióloga