El presidente Luis Arce se pronunció tras el mensaje de Gonzalo Sánchez de Lozada, “Reaparece un prófugo de la justicia boliviana, teniendo una deuda con nuestro Estado por la masacre de aquel octubre negro”, escribió el mandatario en redes sociales.    

Más temprano Sánchez de Lozada rompió su silencio tras 20 años, con una propuesta de reformar la Constitución Política del Estado (CPE).

Propuso que el Presidente sea elegido por diputados y senadores, el regreso de la República; un primer ministro a sugerencia del mandatario, que la sede del presidente sea la capital Sucre, entre otros.

“El objetivo es la estabilidad política y la erradicación del autoritarismo (…) Restituir la República de Bolivia con una visión moderna, pero en armonía con los valores que la hicieron posible en 1825”, expone Sánchez de Lozada en el documento.

En el artículo 66 habla de elegir al Presidente por dos tercios del total de votos en el Congreso de “la República”.

Sánchez de Lozada salió del país en 2003, tras la muerte de más de 65 alteños en la llamada guerra del gas y de presentar su renuncia al Congreso.

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‘Prófugo de la justicia’

“Hoy vuelve con la intención de discutamos una forma retrógrada de Estado donde lo plurinacional se extinga, donde retornen los privilegios de unos cuantos”, agregó a su turno Arce.

El actual gobernante dijo que ante la proposición de Goni, el actual modelo de administración de estado tendrá una “defensa inclaudicable que garantiza los derechos de las naciones, la democracia intercultural y el modelo económico con justicia social y vivir bien”.

Casi 20 años pasaron de ese 17 de octubre de 2003, cunado miles salieron a las calles de ciudades bolivianas a protestar ante el anuncio de una serie de medidas propuestas por el Gobierno de Goni, quien autorizó la intervención militar.

Sánchez de Lozada, hoy refugiado en Estados Unidos, sigue en la puja por que la inmunidad cubra aquellos crímenes que se le atribuyen.

Hace cinco años, un jurado de Estados Unidos lo encontró culpable

En 2018, un jurado civil de Estados Unidos lo declaró responsable, junto a su exministro Carlos Sánchez Berzaín de las ejecuciones extrajudiciales en 2003.