En Bolivia, entre 1985 y 2005 se implementó un sistema de selección y designación judicial llevado a cabo por el Congreso a través de dos tercios, con una distribución de cupos entre los partidos políticos. Aunque podría generar preocupación por la politización de la elección judicial, este sistema requería que cada partido presentara a sus mejores abogados como candidatos, lo que planteaba un desafío de ganarse el respaldo de varios legisladores. A pesar de la complejidad, resultaba más económico que el método actual.

Sin embargo, el sistema actual de elección judicial basado en el voto popular plantea problemas en la práctica. La preselección de candidatos recae en el parlamento, lo que aumenta el riesgo de que los candidatos del partido en el poder tengan más probabilidades de ser elegidos. Estas elecciones tienen un costo promedio de Bs 183 millones. A pesar de esto, en la realidad, este sistema no ha logrado mejorar la justicia, según diversas encuestas que muestran una percepción generalizada de corrupción y servilismo hacia el poder de turno en el poder judicial. Además, 833.115 ciudadanos han firmado libros a favor de un cambio en el sistema de elección judicial actual.

Existe evidencia contundente de que los fallos judiciales en casos de delitos pueden verse influenciados por la afiliación política del infractor, lo cual genera preocupaciones acerca de la imparcialidad del sistema. Además, se observa una falta generalizada de conocimiento sobre las elecciones judiciales, lo cual se refleja en un alto porcentaje de votos nulos y la posibilidad de que una autoridad sea elegida con menos del 8% de los votos emitidos del padrón electoral. Para obtener ese escaso respaldo, los candidatos judiciales a menudo recurren a promesas a las organizaciones sociales. Como resultado, no se elige al candidato más idóneo o meritocrático, sino al que goza de mayor popularidad.

El aspecto más preocupante de estas elecciones reside en el alto costo que implica para cada candidato participar en ellas. Con el fin de lograr el éxito, se ven obligados a jurar lealtad a organización y/o destinar grandes sumas de dinero en la organización de campañas y publicidad. Incluso después de resultar elegidos, es improbable que puedan recuperar completamente su inversión a través de sus salarios, lo cual plantea interrogantes sobre cómo buscarán compensar dichas pérdidas. Surge entonces la pregunta de si intentarán recuperar su inversión a través de su desempeño en la impartición de justicia, lo cual podría comprometer su imparcialidad y dar lugar a prácticas corruptas, como la venta de sentencias o la obtención de cargos en el sistema judicial público. Estas preocupaciones han sido ampliamente denunciadas por los medios de comunicación nacionales.

A lo largo de la historia, se ha evidenciado que organizaciones delictivas en todo el mundo han intentado infiltrarse en las instituciones estatales, con especial interés en el Poder Judicial. El sistema de elección judicial utilizado en Bolivia presenta vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por estos grupos delictivos, como narcotraficantes, traficantes de tierras y minerales. Esto representa un grave riesgo ya que estas organizaciones buscarían influir en la selección de jueces con el objetivo de obtener favores o impunidad para sus actividades ilegales.

Para construir una nación sólida, es fundamental contar con un poder judicial que disfrute de un cierto grado de independencia. En este sentido, al evaluar ambos sistemas y reconocer sus deficiencias, es evidente que uno de ellos resulta más perjudicial que el otro: el sistema de elección a través del parlamento. Frente a esta situación, es crucial proponer la reinstauración del sistema anterior, el cual no solo reduce los costos, sino que también elimina la posibilidad de que el crimen organizado actúe como financiador de las campañas judiciales.