El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada emitió un comunicado en el que propuso al país la adopción de una Constitución de corte parlamentarista, que reduzca el poder a las máximas autoridades, al tiempo de señalar que siente una “abrumadora nostalgia por la patria lejana”. El presidente Luis Arce salió al paso y le recordó que 20 años de silencio no lo hacen inocente y llamó a defender el Estado Plurinacional.

En el documento, Goni señaló que está a punto de cumplir 93 años y que “la edad vino acompañada, como por suerte ocurre, con una mayor dosis de serenidad”, según un texto obtenido por El Deber. Sánchez de Lozada vive en Washington, EEUU, desde su renuncia en 2003.

“Este año 2023, con la gracia de Dios, habré cumplido 93 años de edad, 19 de ellos, junto a mi familia, en el exilio. Una larga y amarga travesía. La edad vino acompañada, como por suerte ocurre, con una mayor dosis de serenidad y espero que con un poco más de sabiduría; el exilio, con la abrumadora nostalgia de la patria lejana”, dijo el expresidente, que fue forzado a renunciar en octubre de 2003 en medio de la llamada Guerra del Gas.

Excepto una aparición en un documental realizado en EEUU, Sánchez de Lozada desapareció por completo de la vida pública boliviana y nunca aceptó dar entrevistas o hacer declaraciones. “Guardé silencio porque sólo se debe hablar si las palabras son mejores que el silencio. Tal vez éste no sea el caso, pero creo sinceramente que ha llegado el momento de decir algunas palabras, fruto de largas reflexiones acerca de Bolivia y su destino”, dijo el exmandatario, según ese documento.

Sánchez de Lozada gobernó dos veces el país, la primera entre 1993 y 1997, ejecutando reformas sociales y económicas importantes, una de ellas la de la municipalización, que se denominó “participación popular”. Otras reformas fueron menos exitosas, como la privatización de las empresas públicas, que se presentó con el apelativo de “capitalización”.

En la segunda ocasión, ante una fuerte resistencia popular, fue electo en 2002, pero fue forzado a renunciar el 17 de octubre de 2003, sobre todo como un rechazo a las acciones represoras asumidas por su ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, exiliado en Miami desde esos sucesos. Su figura fue y sigue siendo polémica, dividiendo a sectores que respaldan las medidas liberales que asumió, como a los que lo rechazan por la represión de 2003, que mató a unas 60 personas.

En 2018, un jurado civil de Florida, Estados Unidos, lo halló responsable de asesinatos y uso excesivo de la fuerza por la manera cómo se enfrentó a las protestas de 2003. Sin embargo, un juez luego revirtió esa decisión y lo declaró inocente, un fallo que también favoreció a Sánchez Berzaín.

El expresidente explicó que en los últimos años trabajó en propuestas para ayudar al país, que se plasman en esta iniciativa constitucional que busca “garantizar el imperio de la libertad y la equidad social, en el marco de la democracia, por encima de los avatares políticos”.

En lo político: una democracia representativa de carácter parlamentario, con un presidente de poder limitado, pero de gran autoridad moral, atributo indispensable para que pueda ejercer con dignidad su condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas y nombrar, con el asesoramiento de un Consejo de Estado creado para el efecto, a las principales autoridades militares, judiciales y electorales de la nación. Concluido ese trámite, el Presidente no tendrá ninguna potestad sobre esas autoridades, cuya independencia es uno de los pilares del proyecto

Un Primer Ministro, como corresponde a un régimen parlamentario, estará a cargo del manejo operativo del gobierno. El Presidente tendrá como sede de sus funciones la Capital de la República y el Primer Ministro la ciudad sede del Gobierno. El objetivo principal de este capítulo es la estabilidad política y la erradicación del autoritarismo.

En la justicia: se trata es de tener un árbitro imparcial, no un cómplice ni un verdugo. Ninguna democracia verdadera en el mundo funciona con una justicia sometida a la corrupción o al poder político o económico.

En lo económico: un rol fundamental para la iniciativa y la creatividad sin descartar la intervención del Estado en áreas que éstas no puedan cumplir. El proyecto plantea también que la propiedad de la tierra y de los recursos naturales sea de los bolivianos y no del Estado.

Estas propuestas sin duda generarán interés en los círculos políticos bolivianos, pero serán de difícil adopción en el país, en el que las dos corrientes del MAS, que siguen dominando la política nacional, abrazan ideas estatistas, nacionalistas y creen en un presidente que concentre mucho poder.

“El aporte de un proyecto de Constitución para Bolivia no es original”, dice Sánchez de Lozada. “La peculiaridad es que señala los mecanismos para proteger la estabilidad política y evitar que la lucha por el poder se desarrolle al margen de la democracia y sus instituciones”.

El exmandatario señaló que aunque “pueda parecer desatinada” la propuesta de cambiar la institucionalidad del país”, el planteamiento va en favor de “la defensa de la libertad y la democracia del asedio del autoritarismo”. Sostuvo que su plan responde no sólo a “una necesidad política, sino también un imperativo moral”.

Respuesta de Arce

El presidente Luis Arce respondió a Sánchez de Lozada y le recordó su deuda con la justicia boliviana. “20 de años de silencio indolente no lo hacen inocente. Reaparece Goni, prófugo de la justicia boliviana, teniendo pendiente una deuda con nuestro Estado por la Masacre de aquel Octubre Negro de 2003 que aún vive en la memoria de millones de bolivianas y bolivianos”, escribió en Twitter.

“Presenciamos a un hombre desalmado, que ordenó asesinar a nuestros hermanos. A más de 60 bolivianos se les quitó la vida en la feroz represión del gonismo. Hoy vuelve con la intención de que discutamos una forma retrógrada de Estado, donde lo Plurinacional se extinga, retornen los privilegios para unos cuantos, la democracia quede mutilada y sea una vez más algo que solo unos grupos económicos puedan controlar”.

Luego Arce le dijo que su modelo sólo busca “retornar” al tiempo de la “República colonial” y del “neoliberalismo hambreador” sometido a intereses externos. “El Estado Plurinacional tendrá nuestra defensa inclaudicable, pues en él están garantizados los derechos de las naciones, la democracia intercultural, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el crecimiento con justicia social y el vivir bien de los pueblos. Construimos colectivamente una patria descolonizada”.