El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada reapareció después de 20 años, desde el exilio, con una nueva propuesta de Constitución Política del Estado (CPE) que prevé una “democracia representativa de carácter parlamentario con un presidente de poder limitado, pero de gran autoridad moral”, además de un Primer Ministro que se encargue del manejo operativo del Gobierno. En su proyecto, que circula hoy en varios periódicos del país, el Presidente tiene su sede de funciones en Sucre, como “capital de la República”; en cambio, el Primer Ministro trabaja desde La Paz, “ciudad sede del Gobierno”.

En 2003 fue la última vez que Sánchez de Lozada se pronunció públicamente y lo hizo en una conferencia de prensa, en medio de los conflictos de octubre de aquel año, con estas palabras: “(…) Las instituciones de la democracia son fuertes. La coalición de gobierno representa dos tercios de los votos de los bolivianos en la última elección y está unida. La Policía y el Ejército, las Fuerzas Armadas, también están unidos alrededor de la democracia. También existen el Congreso, los tribunales, las instituciones democráticas, que están fuertes y decididos a perdurar. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar (…)”.

Fue dos veces presidente: del 6 de agosto de 1993 al 6 de agosto de 1997 y del 6 de agosto de 2002 hasta su renuncia, el 17 de octubre de 2003, después de 14 días de enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública durante la denominada “Guerra del Gas”, que oficialmente dejó 67 muertos y 417 heridos.

SU PROPUESTA

La actual CPE establece la existencia de cuatro “órganos” del Estado: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, los que se mantienen en la propuesta de Sánchez de Lozada, pero él vuelve a llamarlos “poderes”.

Su artículo 35 dice: “El Estado Boliviano está formado por los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, la Presidencia de la República y los gobiernos subnacionales y todas las entidades públicas que se encuentren bajo tuición de esos poderes”.

“El objetivo principal de este capítulo es la estabilidad política y la erradicación del autoritarismo”, explica Sánchez de Lozada en un resumen previo a su proyecto que, en general, plantea “restituir la República de Bolivia con una visión moderna, pero en armonía con los valores que la hicieron posible en 1825”.

También reconoce que su documento “no es original”, porque antes “muchos han propuesto cosas parecidas”. Aunque sí aclara una peculiaridad: “señala claramente y paso a paso los mecanismos para proteger la estabilidad política y evitar que la lucha por el poder se desarrolle al margen de la democracia y sus instituciones”.

Más adelante, aclara que este proyecto “no está destinado a la política partidaria, sino a la sociedad en su conjunto”.

PRESIDENTE

La propuesta de CPE de Sánchez de Lozada prevé, en su artículo 66, la designación del Presidente “por dos tercios de votos del total de los miembros del Congreso de la República, por un mandato de diez años improrrogables”.

Según la explicación previa del exmandatario, la autoridad moral del Presidente es un “atributo in¬dispensable para que pueda ejercer con dignidad su condición de Capitán General de las Fuerzas Arma¬das y nombrar, con el asesoramiento de un Consejo de Estado creado para el efecto, a las principales au¬toridades militares, judiciales y electorales de la Na¬ción”. Y, en ese sentido, agrega que, “concluido ese trámite, el Presidente no tendrá ninguna potestad sobre esas autoridades, cuya inde¬pendencia es uno de los pilares del actual proyecto”.

PRIMER MINISTRO

Según el Art. 45, el Poder Legislativo tiene la atribución de “elegir al Primer Ministro por mayoría absoluta del total de sus miembros, a propuesta del Presidente de la República”.

Respecto al Ministerio Público, el artículo 123 dice que “el Fiscal General de la República es designado cuando corresponda por el Primer Ministro y confirmado por la Cámara de Senadores por dos tercios del total de sus miembros. Tiene su sede en la ciudad de Sucre”. El Fiscal General tiene un mandato de siete años (en la actualidad es de seis y su designación requiere de una “convocatoria pública previa, y calificación profesional y méritos, a través de concurso público”).

Por su parte, el Procurador General tiene rango de Ministro de Estado y depende directamente del Primer Ministro.

ECONOMÍA

En el marco de una Constitución con base en ideas liberales, Sánchez de Lozada plantea, “en lo económico: un rol fundamental para la iniciativa y la creatividad de las personas, sin descartar la intervención del Estado en áreas que éstas no puedan cumplir”.

Luego, “(…) también que la propiedad de la tierra y de los recursos naturales sea de los bolivianos y no del Estado. El papel de éste debería ser el de un regulador que evite monopolios y abusos y defienda a los más vulnerables”.

JUSTICIA

El proyecto (Art. 105) también recupera los nombres de los actuales “tribunales” de justicia: Corte Suprema y Cortes Superiores de Distrito, y reconoce su independencia como órgano del Estado, así como su “autonomía administrativa y presupuestaria”. Esa Suprema “se compone de un presidente que representa al Poder Judicial y catorce ministros”. El documento no prevé la elección directa de autoridades judiciales.

El documento lanzado este domingo es presentado por el instituto Kozolchyk National Law Center (NatLaw), que en su web se presenta como “líderes en el establecimiento de las mejores prácticas internacionales, el establecimiento de estándares y la modernización del derecho comercial a través de la reforma”.

DIFERENCIAS

“El presidencialismo introduce un fuerte elemento de juego de suma-cero, el cual conduce a un resultado que favorece a un ganador que lo gana todo. En efecto, al conquistar el poder, el ganador se lo lleva todo: el poder ejecutivo, el control de la administración estatal y de las agencias paraestatales, etcétera. Por el contrario, un sistema parlamentario supone compartir el poder y formar coaliciones” (Extraído de “Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en Bolivia”, de René Antonio Mayorga, que establece este término sobre la lógica de las “coaliciones interpartidarias y en la elección congresal del presidente”).

“Ha llegado el momento de decir algunas palabras”

“Durante los años del exilio he guardado silencio, siguiendo el principio de que sólo se debe hablar si las palabras son mejores que el silencio. Tal vez éste no sea al caso, pero creo sinceramente que ha llegado el momento de decir algunas palabras, fruto de largas reflexiones acerca de Bolivia y su destino”, dice Gonzalo Sánchez de Lozada en el segundo párrafo de su documento titulado “La Constitución de Todos”, que comienza así: “Este año 2023, con la gracia de Dios, habré cumplido 93 años de edad, 19 de ellos, junto a mi familia, en el exilio. Una larga y amarga travesía (…)”.

Luego, menciona el contexto internacional como, por ejemplo, la “invasión de Rusia a Ucrania inaudita agresión que, entre otros efectos tectónicos sobre la convivencia entre naciones, ha desencadenado una nueva Guerra Fría, esta vez entre China y Estados Unidos”. Dice que en ese contexto presenta una “propuesta destinada a cambiar estructuralmente el sistema institucional de nuestro país”.

“El objetivo fundamental del cambio que propongo es precisamente la defensa de la libertad y la democracia del asedio del autoritarismo, mediante mecanismos flexibles mas acordes con la inestable realidad que el mundo nos presenta hoy. Creo, además, que en los tempestuosos días que nos toca vivir, un cambio de esa naturaleza ya no es sólo una necesidad política, sino también un imperativo moral”.

Luego de mencionar algunos episodios de la historia nacional en los que se ha logrado adoptar “una visión que, sin ser unánime, coincida en los sustancial y esté desprovista de las verdades absolutas que nos conducen a la división y al fracaso”, agrega que: “En el último tiempo he estado pensando en cómo ayudar a que Bolivia retome ese camino. Y, en atención a la peligrosa pendiente de desinstitucionalización en que se encuentra, he concluido que la mejor manera de hacerlo es poniendo a consideración de los bolivianos un proyecto de Constitución Política del Estado cuyo último fin, tal como podrán observar quienes tengan la generosidad de analizarlo, es garantizar el imperio de la libertad y la equidad social, en el marco de la democracia, por encima de los avatares políticos”.