Una de las mayores contradicciones en la que incurren los analistas internacionales al tratar de definir y categorizar el régimen instaurado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) desde 2005 es el de tratar de definirlo como “progresista”, un valor que ni siquiera Evo Morales ha reivindicado nunca para sí.

Cuando cayó el régimen en 2019 y se empezaron a elaborar aquellos extensos epitafios al considerar definitiva una condición que obviamente no pasaba de coyuntural, al volver la vista atrás para rememorar los éxitos se debía ir bien lejos, a 2006 – 2008, para poner en valor la agenda nacionalizadora y las políticas de inclusión que cambiaron lo institucional, llenando de gente común y corriente las instituciones donde antes paseaban empresarios e intelectuales normalmente acomodados protegiendo sus intereses de clase.

En cualquier caso, incluir a gente con pollera en el gabinete, por sí mismo, difícilmente puede considerarse una “política progresista”, sobre todo cuando no se ha acompañado con las medidas necesarias en políticas de becas o de revolución educativa que garantice la igualdad de oportunidades o el cambio de paradigma.

Las políticas económicas siguen sometidas al mercado; las políticas laborales se exigen para unos pocos y la política tributaria no es progresiva

La política de nacionalización de los hidrocarburos principalmente trajo ingentes recursos al país, pero todos se fueron en forma de obras no siempre necesarias y muy poco se invirtió en programas sociales; la política de vivienda consiste en hacer viviendas en áreas rurales para los afiliados o simpatizantes; el Sistema Único de Salud se implementó en el año 15 de la era y por circunstancias de necesidad electoral sin ser capaz de romper el esquema del seguro; los aportes de la jubilación fueron administrados por años con el esquema privado y la atención de los más ancianos sigue en manos de la caridad, porque la renta Dignidad es simplemente indigna.

Algunas leyes simbólicas trataron de imponer cambios mediante sistemas punitivos: la Ley contra el racismo, por ejemplo, o la Ley 348 contra la violencia hacia las mujeres por la que se ha hecho más bien poco, pero sin interiorización, no hubo cambio profundo.

Las políticas económicas siguen sometidas al mercado; las políticas laborales se exigen para unos pocos: para aquellos que acceden a un trabajo regular en el marco privado, mientras que la informalidad sigue campando a sus anchas en el país sin que nadie diga nada; mientras que la política tributaria en un país en el que nadie quiere pagar impuestos sigue siendo café para todos: IVA y Subvención al combustible igual para ricos que para pobres y prácticamente ninguna medida correctiva que garantice la progresividad y que el que más tenga aporte más, más allá de ese impuesto a los ultrarricos salido de una campaña en que se quiso ser lo que no se era.

Es probable que Luis Arce, más teórico y ortodoxo, quiera girar sus políticas hacia unas ideas todavía demonizadas y por las que no se ha hecho nada en 15 años; el egoísmo e individualismo del neoliberalismo sigue instalado mayoritariamente en el electorado, sobre todo porque nadie espera demasiado de nadie. Cosas de la necesidad. Quizá esto algún día cambie. Quizá no.