El narcotráfico invade al Estado. ¿Culpa del presidente Luis Arce como reiteradamente repite el expresidente Evo Morales? En absoluto. Lo suyo es amnesia compulsiva –si hay algún mal psiquiátrico con semejante descripción– que debemos advertir. Evo Morales es el propulsor de este Estado mafioso. Es su padre, aunque ya sabemos que cuando de paternidad se habla, el exmandatario se hace el virgen. Ya lo hizo con Gabriela, hoy lo hace con su hijo predilecto: el flujo coca-cocaína.

Revisemos la historia inmediata.

1. Hay dos puntos de control de la coca: Sacaba y Villa Fátima. Por este último mercado de La Paz pasa el 90% de la coca, mientras que la sucursal cochabambina controla, a lo sumo, el 10% del flujo de mercado. Mejor vender en Eterazama, Villa 14 de Septiembre, Chipiriri e Isinuta, mercados libres donde fluye el 90% restante e ilegal.

2. El inicio no es en 2020. Ya con Carlos Mesa como presidente de 2003 a 2005 atestiguamos el avance implacable de la coca/cocaína: el mandatario autorizó la ampliación de los cultivos en 3.200 hectáreas, de 12.000 hectáreas legales a 15.200.

3. Evo Morales amplificó la legalidad de la coca de 12.000 a 22.000 hectáreas gracias a la promulgación de la Ley de la Coca 906 en 2017 que, de acuerdo al exsenador Carlos Borth, facilitó la quintuplicación en la producción de coca/cocaína en sólo el primer año.

4. Esta ley fue promulgada gracias al auspicio burlesco del ministro Carlos Romero, quien afirmaba que “el 70% de la población boliviana consume la hoja sagrada”. Evo, menos propenso a la exageración (¿?) hablaba de un 60% (el señor Romero, gracioso legitimador del consumo de la coca acabó por legalizar la abrumadora ampliación del narcotráfico, y hoy ¡acusa “científica” y olvidadizamente al gobierno de Arce ante la penetración del narcotráfico!)

5. El Tribunal Constitucional, tras la promulgación de la Ley 906, alegó que era legal empezar a plantar en áreas ilegales del Trópico de Cochabamba y que ¡la ley era legal! ¿Resultado? ¡Copamiento miserable del poder judicial a favor del negocio del narcotráfico!

6. La venta de pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas es un dato verificable en las, al menos, 20 tiendas de productos químicos de Bayern, debidamente instaladas en el Chapare. Y todo legal. Como comprar una Coca Cola.

7. Evo buscó monopolizar el negocio de la coca/cocaína eliminando a los competidores de los Yungas (o incorporándolos ilegalmente). Este objetivo lo condujo a “suprimir” cocaleros, apresar a líderes de Adepcoca como Franklin Gutiérrez y César Apaza y/o usar la justicia para atemorizar a los seguidores. ¿Objetivo? Controlar la coca/cocaína desde un solo frente.

8. El expresidente quiso mostrar una imagen de “coca-industrial”, poniendo una planta de industrialización en el Chapare en Padre Sama en el Chapare y en Chuspipata en La Paz. Se buscaba revertir la tesis que fusiona la coca al narcotráfico. Fue un rotundo fracaso (y la consolidación de elefantes blancos).

9. El TIPNIS era el espacio ideal para la propagación del cultivo. El viceministro de la coca, Felipe Cáceres (con un patrimonio declarado de 9 millones de bolivianos) afirmo que “no había riesgo y que en el Polígono 7 sólo hay 300 hectáreas plantadas”. Rotunda mentira. Ya en 2014 se calculaban entre 1,500 a 2.500 hectáreas sólo en el Polígono 7, en avance promisorio hacia el norte arribando victoriosamente en el TIPNIS.

10. Se alegó que el “control social” se encargaría del flujo de la coca para lo que era necesario prescindir de Usaid, la DEA y la NAS. ¿Qué sucedió? El control social no existe y el apoyo mayúsculo de estas organizaciones estadounidenses de aproximadamente 150 millones de dólares se extinguió totalmente.

11. La policía ya no actúa. Sólo del 2000 al 2007 se redujo el caudal de policías de 7.000 a 1.600. ¿Propósito? Nadie debe controlar. No es casual que la plana mayor de policías ligado a la Felcn haya sido acusada por su involucramiento con el narcotráfico. Destacan René Sanabria, Óscar Nina, Gonzalo Medina, Maximiliano Dávila y Omar Rojas, con puestos de primer orden en la Felcn como lo resume la excelente columna de Alfonso Gumucio, “Territorios narco”.

12. La justicia dejó de funcionar: se compraron aviones para derribar aviones ilegales, pero no fueron usados nunca (al menos con ese propósito); la vigilancia telefónica para detectar narcos se suprimió, los bienes incautados se des-incautaron sorpresivamente y desaparecieron en un 70% en manos de policías conexos con la mafia, la impunidad fue la regla y los cocaleros hallados con cocaína pierden su producción, pero ¡son liberados!

Asimismo, el nuevo Código Penal de 2017 reduce las penas para narco-cocaleros (1.000 presos narcos fueron liberados durante la pandemia).

13. La conexión internacional se agiganta: circulan aproximadamente 270 toneladas de cocaína en el país de las que aproximadamente 170 provienen de Perú; los cárteles mexicanos, colombianos y brasileros se disputan el mercado (y cambio de proveedor: eso sucede actualmente con el expresidente Morales que acusa al gobierno de Arce de “narcotraficante”.

Lo que en realidad ha sucedido es un cambio del narco-auspiciante). Asimismo, la droga ya ha entrado a una fase de “refinamiento” en el país, lo que nos convierte en proveedores, y no sólo en “país de tránsito”. Somos pues directos comercializadores. El avión de Boa parece “volar” hacia esa dirección. Finalmente, Chimoré es el centro de mayor propulsión de avionetas ilegales hacia el exterior.