Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: domingo 18 de junio de 2023
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Acoso y violencia política
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593 asambleístas departamentales, concejalas ediles y alcaldesas del país denunciaron violencia política en los últimos cinco años, según la Acobol. Los casos más recientes son los de Muriel Cruz y Claudia Flores.
Cada año, en promedio, más de 100 autoridades mujeres sufren violencia política, las denuncias más frecuentes son amenazas y discriminación, según datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol).
Entre 2018 y mayo de este año, 593 autoridades mujeres, entre asambleístas departamentales, concejalas ediles y alcaldesas, denunciaron violencia política, de acuerdo con la Acobol.
En las últimas semanas, dos casos mostraron violencia extrema contra mujeres autoridades en Cochabamba y Santa Cruz, quienes a causa de las brutales golpizas fueron internadas en hospitales.
Según la Acobol, las denuncias más frecuentes son amenazas y discriminación para que no fiscalicen las actividades que hace el gobierno municipal, como ser sus obras.
“También existe bastante discriminación porque muchas no tienen formación académica, sí tienen formación dirigencial, pero no conocen de administración pública. A veces sus propios colegas no les pasan información que requieren las concejalas, eso es obstaculizar su labor, hasta generar agresiones físicas y atentatorias contra su vida”, dijo Gróver Sinka, director ejecutivo de Acobol, según ANF.
El martes 6 de junio, en la ciudad de Cochabamba, la concejala de Súmate Claudia Flores fue brutalmente golpeada por una turba de gente presuntamente simpatizante del alcalde Manfred Reyes Villa. El grupo la acusaba de transfugio, por su cercanía con la bancada del MAS.
“En el patio me han arrastrado. Querían sacarme a la plaza a jalones y empujones. Ninguna autoridad merece lo que me hicieron hoy (el martes 6 de junio). Me han pateado en el suelo, es gente pagada”, dijo la concejala Flores a la prensa mientras era trasladada a una clínica.
Flores fue expulsada del Concejo Municipal en medio de gritos y empujones.

El otro hecho reciente de violencia política ocurrió en la ciudad de Santa Cruz el viernes 10 de junio entre las 10:30 y 11:00 frente a la Gobernación. Todo comenzó con una discusión entre activistas y la asambleísta Muriel Cruz (MAS) por la posesión de Ronald Andrés Caraica e Isabel Ortiz como asambleístas titular y suplente, ambos representantes del pueblo guaraní.
Después de una discusión acalorada el hecho derivó en una brutal golpiza luego de que la legisladora fue rebasada por las personas que la tumbaron al piso, una de ellas se montó encima de Cruz y le dio puños, también hubo otra persona que le jaló de los pelos, mientras otros la pateaban y le pegaban con palos. La autoridad fue trasladada al hospital y estuvo internada durante casi una semana.
Ante este caso, el Gobierno activó el “Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata, de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y/o violencia política” y convocó a seis entidades estatales a una reunión para tratar este tema.
Días después de los brutales ataques que sufrieron la concejala de Cochabamba, Claudia Flores y la asambleísta departamental por Santa Cruz, Muriel Cruz, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó su preocupación por estos hechos de acoso y violencia política y alertó que ambos casos, entre otros, dejan en evidencia la existencia de un recurrente patrón de violencia “muy alarmante”.
“Lamentamos profundamente estos hechos y nos solidarizamos con la concejala Flores y la asambleísta Cruz”, dijo Callisaya. Aseguró que los casos evidencian “un patrón de violencia contra las autoridades mujeres, muy alarmante”. “Los grupos replican un patrón que inicia con el acoso político (presión, persecución y hostigamiento), posteriormente ejercen amenazas que conllevan agresión psicológica, que finalmente derivan en agresión física”, agregó.
Según el defensor del Pueblo, el patrón de estos casos responde a motivos políticos, eludiendo así el Estado de Derecho y las leyes, lo cual “no condice con la construcción de una sociedad democrática, donde se respete el pleno ejercicio de los derechos humanos de la población”.
“En la presente gestión tenemos 40 casos de acoso y violencia política registrados. Estamos en permanente asistencia y acompañamiento de todos ellos. En el caso de la asambleísta Muriel Cruz, estamos haciendo el seguimiento para saber el estado de salud”, explicó.
La normativa
Antecedentes. En mayo de este año se cumplieron 11 años de la promulgación de la Ley 243, contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, que puso a Bolivia en el año 2012 como pionera en este tipo de normativa. Sin embargo, hasta la fecha esta legislación no logró controlar estas malas prácticas que impiden el desarrollo de las carreras políticas de mujeres autoridades electas en ámbitos locales, departamentales y nacionales. La cifra incluye asesinatos impunes, renuncias y sólo dos sentencias.
Situación. La Ley 243 fue aprobada en el año 2012, dos meses después del cruel asesinato por móviles políticos de Juana Quispe, concejala del municipio de Ancoraimes, del departamento de La Paz.