Un sistema democrático, igualitario y justo no puede permitir que desde el Legislativo se dicten leyes que comprometan la independencia de la justicia (Ley 1513 de 12-06-2023 sobre parámetros y plazos de preselección de magistrados), y que ningún partido político tenga la valentía (salvo tímidos intentos) de poner sobre la mesa un proyecto de ley de revisión del programa político del Movimiento al Socialismo, ante el estallido de silenciar a los partidos de oposición.

La manada de gastos públicos sin ninguna fiscalización; la violenta toma de las oficinas de Derechos Humanos en La Paz con jueces constitucionales que legalizan en sus argumentos el reconocimiento de dos presidentes, decisión absurda y risible; las agresiones de policías contra 13 personas que en su derecho de protesta en Santa Cruz terminan siendo cauteladas en la cárcel de Palmasola por el juez Manuel Baptista Espinoza, a quien una semana atrás se rechazó con vehemencia su aprehensión por policías; las crueles golpizas entre concejales mujeres en la ciudad de Cochabamba; el supuesto suicidio de Carlos Alberto Colodro exinterventor del Banco Fassil; el ingreso de 65 militares venezolanos por diez días al país sin ninguna autorización de la ALP; el narcoavión de responsabilidad del Estado boliviano cuya investigación peregrina no se empeña a descubrir a los propietarios de los laboratorios de donde se procesó y empaquetó los 478 kilogramos de clorhidrato de cocaína; y la observación de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi Díaz, a Lidia Patty como cónsul en Puno que tuvo que retornar al no haber sido aceptada. Todos estos hechos configuran la ejecución de un programa de un partido en gobierno polarizador, violento, cruel y vinculado con cárteles del narcotráfico, como refiere el exministro de Gobierno Carlos Romero.

En el marco de este escenario, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar, ante la aprehensión del juez Manuel Baptista por la Policía al concluir la medida cautelar de los implicados en el caso del narcoavión, dijo que sí no se van a respetar las decisiones judiciales, es mejor entonces que se cierren los juzgados. Este hecho aislado bastó para justificar la torpeza y arbitrariedad con la que actúa la Policía y Fiscalía, y como cuestión de principio demuestra la inseguridad en la que se encuentran los ciudadanos, cuyo rol de garantías a cargo del Estado está siendo cancelado por los propios organismos del Estado Plurinacional (Artículos 22, 23.I y 127.I CPE).

De este modo, se produce una pérdida significativa del desarrollo de la democracia en términos de libertad y respeto de los derechos humanos. En este sentido, si los poderes públicos no ayudan a romper el sistema salvaje de agresividad sistemática y hasta cierto punto el encubrimiento de hechos macabros que causan repugnancia, habría que activar la inercia de unos roles que en la sociedad actual son capaces de revertir las disfunciones del partido de gobierno. Y, en su caso, desde la misma perspectiva del Estado de derecho asumir el procedimiento valioso para la sociedad “como soberano indiscutible”, la cancelación de la personería del Movimiento al Socialismo.

Un partido político encajonado por la corrupción, el narcotráfico, secuestro, feminicidios, terrorismo y con la agenda de intromisión de fuerzas extranjeras, con más de 274 presos políticos enjaulados en cárceles sin derecho a atención médica especializada, se desvía por principios no democráticos y, por tal motivo, su expulsión o ilegalización por el Tribunal Supremo Electoral debía ser la medida adecuada y urgente para fortalecer el sistema democrático, no solo para beneficiar a los partidos políticos que se enmarcan en los principios y derechos de la Constitución y la Carta Democrática Interamericana, sino a las instituciones del Estado, fundamentalmente a la sociedad civil organizada.

Desde la doctrina se define que la creación y ejercicio de los partidos políticos que ocupan una posición central en el proceso electoral, consecuencia de la relevancia que tienen en la vida política, siempre que respeten la Constitución y las leyes sus actividades son lícitas. Sin embargo, el partido no respetuoso con esos principios de la Constitución no tiene cabida como organización política y puede ser disuelto o ilegalizado por terrorismo, apología al terrorismo y cuando los Estatutos o su forma de actuar contradicen frecuentemente los principios y valores reconocidos en la Constitución. Balaguer Callejón, F. (2018: 527).

Por eso, parece necesario destacar cuáles son las causas verdaderas que concurren a la disolución de un partido político, en el caso concreto del Movimiento al Socialismo:

1) El expresidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma incumplió el mandato del soberano que mediante referéndum de 21 de febrero de 2016 le dijo “no a la reelección”; sin embargo, valiéndose de magistrados sumisos del Tribunal Constitucional logró mediante SCP 084/2017 de 28 de noviembre habilitarse como candidato en las elecciones primarias de enero y en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. La Opinión Consultiva OC-28/21 del 7 de junio, la Corte IDH decidió que: “La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional..”.

2. Evo Morales como presidente del MAS IPSP se presentó en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, repostulándose por cuarta vez consecutiva vulnerando el artículo 168 de la Constitución que solo permite una sola reelección luego de finalizado su primer mandato.

3. La Comisión de Auditores de la OEA identificó que Evo Morales había cometido fraude electoral y por tanto las elecciones debían ser anuladas, pero fuera de esa anulación ya el 2017 la prensa publicó que hasta noviembre de ese año los sufragantes alcanzaban a 6.938.801, de cuya cifra 48.759 eran carnets duplicados y 99.975 se inscribieron con documentos no válidos, y en las elecciones de 2019 el padrón fue de 7.315.364 habilitados.

4. La renuncia al cargo de presidente el 10 de noviembre de 2019 fue la confirmación del fraude electoral y posterior huida a México de Evo Morales, lo que desvirtúa que no hubo golpe, sino que el golpe a los principios de la democracia fue dado por Evo Morales y no por los 274 presos políticos inocentes que están en la cárcel.

5. Durante le presidencia constitucional interina Jeanine Áñez, a través del Procurador General, presentó la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Evo Morales por delitos de “lesa humanidad”, por la muerte de al menos 40 personas por falta de oxígeno durante el bloqueo que sectores afines al MAS protagonizaron por 11 días en el mes de agosto de 2020.

6. El derecho de pérdida de salida al mar por fallo de la Corte Penal Internacional y las Aguas del Silala como aguas internacionales.

Por último, en relación con esta amplitud de causales Thomas Jefferson acuñó la frase célebre: “Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al Gobierno, hay tiranía”.