Tras la publicación en la Gaceta Oficial de la ley que reduce los tiempos para la realización de las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene hasta 100 días para garantizar la votación popular en la que se elegirá a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Como parte de este proceso, la ley promulgada el pasado 5 de junio señala que se debe preseleccionar a los candidatos en un plazo no mayor a los 60 días calendario, para lo cual, el TSE “podrá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en esta ley”.

Las elecciones judiciales, que según los nuevos plazos se podrían realizar en noviembre de este año, cobran especial relevancia toda vez que en los últimos años diferentes sectores pusieron en entredicho a la justicia.

Desde retardación de justicia hasta actos de corrupción son algunas de las observaciones que se expresan casi a diario por parte de instituciones y personas particulares, por lo que un pedido casi unánime es la urgencia de una reforma judicial.

La elección de magistrados para las diferentes entidades del Órgano Judicial es un primer paso para empezar a reestructurar la justicia que en los últimos años ha perdido credibilidad.

Empero, para elegir a los mejores hombres y mujeres profesionales en Derecho, la Asamblea Legislativa deberá, en primer lugar, preseleccionar a los candidatos que pugnarán para ser elegidos mediante votación popular.

Los partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional deberán despojarse de sus colores políticos y preseleccionar a los profesionales mejor preparados y más idóneos para que sean parte del Órgano Judicial.

Pero antes, sin mucha demora, una comisión de asambleístas debe elaborar un reglamento de preselección de candidatos, el cual tendrá que ser aprobado a través de una resolución.

Quienes sean elegidos en la votación popular prevista para este año asumirán la crucial tarea de iniciar una real transformación de la justicia, con el objetivo de devolver a esta institución la jerarquía que tiene por ser fundamental en el Estado boliviano.

Cabe recordar que en el país se realizaron elecciones judiciales en 2011 y 2017, pero con resultados no muy alentadores, debido a que se denunció una abierta injerencia política, es decir, se habría seleccionado a personas afines a partidos políticos.

Por eso es importante conducir este proceso de tal forma que sean seleccionados los mejores candidatos y candidatas para que la transformación de la justicia sea una realidad.