La cultura política del país no permite la coexistencia del disenso y mucho menos del pluralismo de ideas. El leiv motiv de los grandes proyectos políticos –antes y ahora- es la hegemonía, basada, de preferencia, en la anulación del adversario.

Por ello, pasamos de un lado del péndulo al otro; de la eterna refundación y replanteamiento de todo; de la retórica demagógica maniquea, cuyo principal logro es una democracia débil, fragmentada, precaria.

Hace algunos años, un embajador suizo, a quien le preguntaban por la convivencia de culturas tan disímiles en un país geográficamente pequeño, sostuvo que la democracia es un proyecto de larguísimo plazo, de siglos; y que los consensos y los puentes entre diversos se construyen paulatinamente, con voluntad y esfuerzo.

En Bolivia, durante los casi 200 años de vida republicana que tenemos (incluidos los más de 10 del Estado Plurinacional), andamos recorriendo el camino inverso: en vez de una voluntad por edificar un espacio de convivencia entre disímiles, se van perfeccionando las formas de persecución e intolerancia política.

Sólo para referirnos a los tiempos más recientes, desde inicios de este siglo hemos pasado de una crisis política a otra, y con ello, de una confrontación a otra.

Los últimos años, desde 2019, se han caracterizado por un enguerrillar de sectores por ideología, por región, por razones étnicas e incluso de género. Una polarización que está cobrando facturas muy altas en el tejido social y en la convivencia entre bolivianos.

A ello, por supuesto, han contribuido de forma especial los partidos políticos, que son quienes más ganan en ríos revueltos. Desde 2019, la persecución política ha sido y es una de las actividades más apetecidas de los gobernantes: lo hizo con entusiasmo irrefrenable el gobierno de transición y lo está haciendo el actual gobierno contra quienes tomaron el poder después de la salida de Evo Morales.

Pero no es solamente contra el adversario clásico que se libran las batallas. Como la premisa es que la democracia no es un fin sino un medio para hacerse del poder, la lucha por éste se ha vuelto intestina y se libra ahora al interior del MAS, para ver quién se hace del mando en 2025.

Desde el Gobierno se advierte que se va configurando un escenario para expulsar al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de las filas del MAS, tratando de hacerlo ver como un “enemigo” interno. El vicepresidente del partido azul Gerardo García acusó al mandatario de “alta traición”.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lamentó los ataques contra el presidente Luis Arce y remarcó que fue él quien levantó al “instrumento político” de las cenizas.

Del otro lado de la trinchera, los interculturales del trópico anunciaron que enviarán una lista a la dirección nacional del MAS con los nombres de las autoridades que consideran que traicionaron a ese partido (entre ellos los ministros de Gobierno, Justicia y de Culturas, entre otros viceministros, directores nacionales y diputados). “Están metidos en la corrupción y son cómplices del narcotráfico; algunos se dedican a prevendalizar con pegas, con proyectos, con plata a algunos dirigentes”, señalaron estos dirigentes y adelantaron que se ha determinado restringir la participación de funcionarios públicos y autoridades designadas en los congresos del MAS.

Lo próximo entonces podría ser ver en una sola lista no solo a los enemigos tradicionales, como Camacho, Añez y otros, sino también al propio expresidente y sus colaboradores, mientras todos protestan contra quienes ahora detentan el poder en el Ejecutivo.

Una triste estampa, que, sin embargo, retrata lo que es la práctica de la política en el país; orientada sobre todo a imponerse frente al adversario, así sea a costa del bienestar del conjunto de la sociedad.