Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 14 de junio de 2023
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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La decisión se toma luego del ataque a la asambleísta del MAS, Muriel Cruz. Además la Policía debe reforzar la vigilancia en la Asamblea Departamental de Santa Cruz mientras dure este periodo conflictivo de sesiones
Un total de nueve acuerdos asumieron distintas instituciones del Estado para perseguir el acoso y la violencia política en el país. La reunión encabezada por los ministerios de la Presidencia y de Justicia se activó luego del ataque que sufriera la asambleísta departamental del MAS, Muriel Cruz. La próxima reunión será el 10 de julio para analizar los avances de las tareas que se encomendaron.
Un primer objetivo es identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque y al efecto deben coordinar acciones el Ministerio de Gobierno, la Policía y la Fiscalía.
La Policía, además, deberá reforzar la vigilancia en la Asamblea Departamental de Santa Cruz mientras dure este periodo conflictivo de sesiones.
Para acelerar los actos investigativos y los procesos penales por acoso y violencia política, el Ministerio Público debe enviar información de todos los casos denunciados y habrá seguimiento del viceministerio de igualdad de oportunidades. Al respecto,se aguarda recibir un informe el próximo 23 de junio.
Se realizará también un estudio sobre los hechos de violencia política suscitados en el departamento de Santa Cruz durante los últimos 5 años, cuyos resultados serán presentados por el Ministerio de Justicia en el plazo de cuatro meses.
Se solicitará información a las entidades subnacionales del Estado para conocer actos de violencia y acoso político en los concejos municipales y asambleas departamentales.
La Policía Boliviana realizará una investigación interna sobre los hechos denunciados contra sus efectivos en la intervención y atención del caso de Muriel Cruz y otros asambleístas de Santa Cruz el pasado 9 de junio.
El ministro de Justicia, Iván LIma, dijo que existen muchas leyes que sancionan el acoso y la violencia contra las mujeres, pero hasta el momento, en 11 años de vigencia de la ley 243, solo hay dictadas tres sentencias.
El Ministerio de Justicia y el Ministerio Público procederán a revisar y ajustar los protocolos preventivos de acoso y violencia política. Una próxima reunión institucional fue fijada para el 10 de julio próximo