Parece un concurso de crueldades en el que compiten fiscales y jueces en cuyos despachos se ventilan casos de personas incómodas para el régimen. No es una novedad, esa práctica se inició hace una quincena de años y se mantiene vigente.

La víctima actual de ese encarnizamiento de la judicial es César Apaza, dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz, insumisa a los intereses del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Lo encarcelaron en septiembre de 2022 para procesarlo por la toma del mercado paralelo (ilegal) de coca en La Paz, en febrero último sufrió una embolia que lo dejó paralizado de medio cuerpo y la Fiscalía volvió a imputarlo por agresiones y lesiones graves que supuestamente habría provocado a una subteniente de Policía al momento de su detención.

Una jueza había anulado esa imputación, hace poco más de un mes, por carecer de bases objetivas. Y, en abril, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución “en la que se ha evidenciado la existencia de violencia por parte de efectivos (policiales) al momento de la aprehensión de Apaza y se recomendó que en sede penal se realice la investigación correspondiente para determinar las responsabilidades”, declaraba el 7 de junio el Defensor del Pueblo.

Apaza enfrenta 12 imputaciones por diferentes delitos. Su caso es otro más en los que se repite un patrón de acciones judiciales marcadas por la falta de atención de la salud e incluso la tortura, además de otras vulneraciones sistemáticas de los derechos de los privados de libertad que incomodan al Gobierno del MAS, como lo constataron activistas de derechos humanos y abogados de las víctimas, en un reportaje publicado por Los Tiempos el domingo 14 de mayo.

Ellos identificaron al menos ocho casos emblemáticos en los últimos 10 años: los del expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC) José María Bakovic, Marco Antonio Aramayo, la expresidenta Jeanine Áñez, la exministra Eidy Roca y el gobernador Fernando Camacho, entre los más conocidos.

El de Aramayo, denunciante en el caso del desfalco en el Fondo Indígena, es el caso más grave: hasta su muerte, en abril de 2022, permaneció siete años detenido sin sentencia; se le abrieron 256 procesos en su contra, estuvo en 56 cárceles e incluso fue cautelado 14 veces en un mismo día.

Igual que la que hoy sufre César Apaza, las acciones judiciales instrumentadas por el Gobierno no respetan el debido proceso, omiten la ausencia de pruebas preliminares para acusar e ignoran la presunción de inocencia.

El franco sometimiento de la justicia al poder político no es algo nuevo y evidencia el propósito de imponer la hegemonía ideológica del MAS, sin que importe la vigencia del Estado de derecho, fundamento de la democracia y condición esencial para la paz social, en cualquier país.