El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó este miércoles que esta institución recibió, en lo que va del año, al menos 40 denuncias por acoso y violencia hacia mujeres electas para cargos públicos.

“En la presente gestión, tenemos 40 casos de acoso y violencia política registrados”, indicó Callisaya.

Explicó que la Defensoría del Pueblo se encarga de la permanente asistencia y acompañamiento a las denunciantes. Entre los casos de violencia, están el de la concejala de Cochabamba Claudia Flores y de las asambleístas de Santa Cruz.

A inicios de este mes, la concejala Flores, disidente de la bancada de Súmate, fue agredida por un grupo de aproximadamente 30 personas, entre seguidores del alcalde Manfred Reyes Villa y otros presuntos antisociales. La agresión fue tan violenta que, tuvieron que evacuarla en una ambulancia.

Días después, el viernes pasado, esta escena se repitió, pero en Santa Cruz. Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron atacadas. La más afectada fue la asambleísta Muriel Cruz, quién fue internada en un nosocomio de la capital cruceña tras ser brutalmente agredida.

Hasta el momento 13 personas están encarceladas por su presunta participación en la agresión.

Según el Defensor del Pueblo, ambas situaciones podrían “derivar a un proceso de desinstitucionalización y replicarse en otras instancias legislativas”, porque este año todas las autoridades municipales y subnacionales cumplirán la mitad de su gestión.

Ley 243

De acuerdo con la Ley 243, se define como violencia política a los “actos de agresión física, psicológica o sexual cometidos por una persona o grupo de personas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o contra sus familias, que afectan su integridad física y psicológica, el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus derechos”.

En tanto, el acoso político puede ser cualquier “acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometido por una persona o grupo de personas, militantes o no, contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o contra sus familias”.