El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó ayer su preocupación por los hechos de acoso y violencia política contra la concejala de Cochabamba, Claudia Flores, y la asambleísta departamental por Santa Cruz, Muriel Cruz, y alertó que ambos casos, entre otros, dejan en evidencia la existencia de un recurrente patrón de violencia “muy alarmante”.

“Lamentamos profundamente estos hechos y nos solidarizamos con la concejala Flores y la asambleísta Cruz. Los sucesos que vimos la anterior semana nos preocupan, ya que evidencian un patrón de violencia contra las autoridades mujeres, muy alarmante. Los grupos replican un patrón que inicia con el acoso político (presión, persecución y hostigamiento), posteriormente ejercen amenazas que conllevan agresión psicológica, que finalmente derivan en agresión física”, señaló Callisaya.

Indicó que el patrón responde a motivos políticos, eludiendo así el Estado de derecho y las leyes, lo cual “no condice con la construcción de una sociedad democrática donde se respete el pleno ejercicio de los derechos humanos de la población”.

“En la presente gestión, tenemos 40 casos de acoso y violencia política registrados. Estamos en permanente asistencia y acompañamiento de todos ellos y en el caso de la asambleísta Muriel Cruz, estamos haciendo el seguimiento para saber el estado de salud”, detalló.

La declaración del titular de la Defensoría del Pueblo surge tras los hechos ocurridos el 7 de junio en el Concejo Municipal de Cochabamba y el 9 de junio en la ciudad de Santa Cruz, cuando se posesionaba a asambleístas indígenas. Ambas situaciones podrían derivar en un proceso de desinstitucionalización y replicarse en otras instancias legislativas, toda vez que este año todas las autoridades municipales y subnacionales cumplirán la mitad de su gestión.

Callisaya recordó el último informe elaborado por la Defensoría del Pueblo “Obligadas a renunciar-Compromisos forzosos de gestión compartida: vulneración a los derechos políticos de las mujeres”, se advierte que, al cumplirse la mitad de gestión en el ejercicio de funciones político – públicas de las concejalas y asambleístas mujeres, muchas podrían ser objeto de presiones, ataques psicológicos e incluso agresiones físicas, con el fin de obligarlas a renunciar.

En esa línea, el defensor del Pueblo llamó a todas las autoridades e instituciones estatales a coadyuvar, en el marco de las recomendaciones hechas en el mencionado informe, para brindar protección y atención a las concejalas y asambleístas mujeres. Hizo énfasis en el llamamiento a las organizaciones políticas a las que pertenecen y también para evitar que sean futuras víctimas de acoso y violencia política por su filiación partidaria o por el solo hecho de ser autoridades mujeres electas.