Esta semana, grupos de choque enviados por políticos agredieron a una concejala en Cochabamba y a una asambleísta departamental en Santa Cruz, además de acosar a una lideresa guaraní. No son “activistas”, sino delincuentes. No son “peleas”, como dice un diario opositor, sino brutales golpizas. La persistente violencia contra las mujeres es deplorable y debe ser sancionada.

El acoso y la violencia contra las mujeres que participan en el ámbito político y acceden a cargos de gobierno y de representación es un dispositivo machista y patriarcal que daña la democracia. Hay centenares de casos de amenazas, presiones, hostigamiento y agresiones físicas contra mujeres candidatas, electas o designadas en la función pública. Y pese a que Bolivia cuenta con una avanzada legislación en la materia, no hay sanciones contra acosadores y violentos, no solo hombres, sino también mujeres.

En cuanto a las recientes golpizas contra la concejala Claudia Flores de la agrupación Súmate y la asambleísta Muriel Cruz del MAS-IPSP, las acciones de odio y de extrema violencia fueron ejecutadas principalmente por mujeres. Es indignante, detestable y debe sancionarse con el máximo rigor. No solo a quienes atacaron con palos, puñetes y patadas, sino a los que promovieron esa violencia en beneficio de sus cálculos e intereses políticos: manfredistas en el primer caso, camachistas en el segundo.

En democracia, las diferencias políticas e ideológicas son normales y saludables para garantizar la diversidad y el pluralismo. Y debieran expresarse mediante ideas, propuestas y deliberación pública. Cuando devienen en violencia, estamos ante fundamentalismos autoritarios. Es profundamente antidemocrático apelar al acoso y recurrir a la agresión física para revertir la elección de una presidenta del concejo municipal y para evitar la posesión de una asambleísta indígena. Aquí no cabe la impunidad.

Y claro que algunos operadores mediáticos, denigrando el oficio periodístico, aportan lo suyo. Hay un serio problema de profesionalismo y de ética cuando llaman “activistas” o “plataformas ciudadanas” o “autoconvocados” (sic) a los grupos violentos que realizan acciones criminales. Y peor todavía cuando titulan “se enfrentó a golpes” o “se registró una pelea” donde los hechos muestran feroces golpizas. Son los mismos medios que el 2019 titularon “fuego cruzado” donde hubo masacre. Es vergonzante.

La violencia contra mujeres desatada en torno a la alcaldía de Cochabamba y la gobernación de Santa Cruz ha generado un gran sentimiento de indignación (sin olvidar algunas desubicadas voces que tratan de justificar lo injustificable). La indignación está muy bien, pero no basta. Será hasta la próxima golpiza. En democracia es fundamental impulsar acciones concretas y una vigilancia constante contra la violencia machista y racista, que es marca registrada del patriarcado y del colonialismo en la política.