La intolerancia es un rasgo de nuestra cultura política. No es una creación de la larga etapa de polarización en la que nos debatimos en los últimos años: nuestra historia da fe de ello en prácticamente todos los tiempos. Sin embargo, la forma en que esta intolerancia toma como sujeto y objeto a las mujeres es cada día más preocupante.

En los últimos días se han presentado tres casos de acoso y violencia contra mujeres que están en ejercicio de funciones políticas.

El 6 de junio, al menos 30 personas -entre seguidores del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y presuntamente antisociales del “barrio chino”- golpearon brutalmente a la concejala Claudia Flores, disidente de la bancada de Súmate, hasta dejarla herida, al punto que fue evacuada en una ambulancia. La sacaron de los cabellos hasta el patio del Concejo y ahí la agredieron brutalmente hasta que la tuvieron que llevar de emergencia en una ambulancia. Ni los guardias municipales evitaron la agresión en pleno patio del Concejo Municipal, en la plaza 14 de Septiembre.

Ese mismo día, disputas en el pueblo guaraní impidieron la posesión de nuevos asambleístas departamentales. Un grupo de personas, apostadas en el ingreso de la Gobernación de Santa Cruz, manifestaban su desacuerdo con el Tribunal Electoral Departamental por haber extendido credenciales a los nuevos representantes; los acusaban de querer posesionar a “originarios serviles a los azules para llegar a tener mayoría en la Asamblea Departamental”.

En este marco, Francisca Sánchez, representante de una organización de mujeres guaraní, reclamaba que los activistas de diferentes plataformas no dejaran que ejercieran su derecho y que hubieran impedido que se realizara la posesión. En ese momento, Sánchez denunció agresiones de personas que le gritaron con y sin megáfonos, quisieron sacarla de la zona de la Gobernación a empujones y que incluso le echaron agua, como puede verse en distintos videos.

El día viernes se produjo otra agresión. Muriel Cruz, asambleísta departamental de Santa Cruz por el MAS, fue golpeada en las afueras de la Gobernación, producto del enfrentamiento entre quienes apoyaban la posesión de los nuevos asambleístas del pueblo guaraní y quienes lo rechazaban. Cruz fue agredida cuando se dirigía a la Asamblea Departamental para participar de la posesión de dos nuevos asambleístas indígenas (Ronald Andrés Caraica e Isabel Ortiz Vaca), con lo que Creemos, alianza liderada por el gobernador Luis Fernando Camacho, perdería el control del ente deliberante departamental.

Mientras los masistas apoyaban esta designación, los activistas estaban en contra, hecho que generó una discusión acalorada y luego una golpiza contra Cruz. Mujeres y varones la tumbaron al piso; una de ellas se montó encima y le dio puñetazos, también hubo otra persona que le jaló de los pelos, mientras otros la pateaban y le pegaban con palos. Como producto de estas agresiones Cruz se encuentra hospitalizada y con más de 30 días de impedimento.

Se trata, sin duda alguna, de actos de violencia contra las mujeres que ejercen tareas políticas. No se puede hablar únicamente de enfrentamientos entre grupos opuestos, sino de un intento de aleccionar y acallar a mujeres que son parte activa de diversas acciones políticas.

Es importante hacer esta distinción por la naturaleza y la contundencia de estos ataques: no se dan únicamente en el marco del disenso político ni de la confrontación, sino que son ejercidas como una forma de discriminación a las mujeres por su participación política.

Bolivia tiene una lamentable larga trayectoria en este tipo de acoso y violencia contra la mujer. A pesar de que diversos partidos políticos intentan mostrar su apuesta por la igualdad y la equidad incorporando mujeres a sus listas, son estos mismos partidos y actores políticos que luego pretende extirparlas a la fuerza del lugar que ocupan. Para ello se vale de amenazas, amedrentamientos y, como en estos casos, de golpes y agresiones físicas para quitarlas del medio; incluso se prestan a esto otras mujeres, como se pudo ver en los casos que se comentan.

Es importante que se activen procesos, por lo que estos actos son: acoso y violencia política; delitos que deben ser sancionados y prácticas que deben ser censuradas en todos los espacios.