Este martes se conoció que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) admitió la denuncia por presuntas faltas graves contra la vocal Dina Chuquimia y otros siete vocales departamentales, designados por el presidente Luis Arce, debido a que estarían cumpliendo su segundo período en el cargo, lo cual está prohibido por la Constitución y la Ley 018.

Según señala el documento, al que tuvo acceso UNITEL, la Sala Plena decidió el pasado 1 de junio aplicar lo señalado por la Ley de Régimen Electoral, que señala que mientras dure el proceso los vocales quedarán suspendidos del cargo.

La denuncia fue presentada el 21 de octubre por los asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) Toribia Lero, Juan Gonzalo Rodríguez y George Komadina contra Chuquimia y los vocales electorales departamentales Carlos Ortiz Quezada (Beni), María Betsabé Merma Mamani (Cochabamba), Gustavo Antonio Ávila Mercado (Tarija), Gunnar Jorge Vargas Orgaz (Chuquisaca), Rudy Nelson Huayllas Huarachi (Oruro), Rodolfo José Vera Moreira (Potosí) y Antonio Zacarías Condori (La Paz).

De quedar comprobada la denuncia, de haberse cometido una falta muy grave, los vocales serán destituidos del cargo.

La denuncia señala que Chuquimia fue designada como vocal titular del TSE el 17 de enero de 2011, cesando en sus funciones el 27 de mayo de 2015 debido a su renuncia personal. Sin embargo, a pesar de esto, el presidente Luis Arce la designó nuevamente mediante el decreto 4498 del 29 de abril de 2021, lo que constituiría su segunda designación en el mismo cargo.

“A decir de los denunciantes, su conducta se subsume como contraria a las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 018 que restringen ejercer más de una vez el mismo cargo de Vocal del Tribunal Supremo Electoral”. La Constitución Política del Estado indica que la duración de funciones es de seis años “sin posibilidad de reelección”.

Además la Ley N° 018, que regula al Órgano Electoral Plurinacional, señala que al haber ejercido ya el cargo queda “sin derecho a postularse nuevamente para el desempeño del mismo cargo”.

Los denunciantes sostienen que un decreto no puede estar por encima de una ley por lo que ha existido una ilegalidad en la designación.