Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: martes 13 de junio de 2023
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
El presidente Luis Arce promulgó el 5 de junio la Ley 1513, que acorta los plazos para “garantizar” las elecciones judiciales en 2023, y dejó en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional los próximos pasos a seguir. Sin embargo, se agota el tiempo.
Según la nueva norma, tanto el Legislativo como el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) tendrán un total de 120 días para organizar y dar luz verde a los comicios.
“La postulación y preselección de postulantes tendrá una duración de hasta sesenta (60) días calendario”, según la Ley, y “la organización y realización de la votación popular”, una “duración de hasta cien (100) días calendario”.
Es decir, la Asamblea deberá resolver la primera fase hasta julio como máximo, en menos de dos meses, si quiere que las elecciones tengan lugar en noviembre, tal como lo sugirió recientemente el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, que dijo que después de ese mes sería “bastante complicado”.
Antes de la promulgación de la Ley, el plazo para la preselección de postulantes era de 80 y el de la realización de las elecciones, de 150 días.
El 12 de abril, el proceso de preselección quedó suspendido por un amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Miguel Ángel Balcázar, uno de los postulantes, ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, al considerar que reglamento de preselección y la convocatoria vulneraban sus derechos. El 28 de abril, la Asamblea Legislativa suspendió de forma temporal el proceso de preselección por segunda vez, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitiera un recurso interpuso por el diputado de Creemos Leonardo Ayala con el reglamento de preselección. El TCP aún no se pronunció sobre el fondo de la demanda.
Las actuales autoridades judiciales cumplirán su mandato el 31 de diciembre de este año, y la Ley promulgada por Arce establece que las nuevas autoridades deben ser posesionadas hasta 30 días después de publicados los resultados de las elecciones. Es decir, los comicios deben celebrarse como máximo en noviembre.