Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: lunes 12 de junio de 2023
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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La sospecha tiene sentido. Si la elección judicial se pospone para 2024, coincidiría con las dinámicas políticas propias de un año preelectoral y, probablemente, con los conflictos que se derivarán del cierre del Censo con demandas de reajuste presupuestario para los departamentos, como lo anuncia la oposición política de Santa Cruz, y la nueva representación territorial parlamentaria.
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En diciembre de este año, a más tardar, deberán celebrarse las elecciones judiciales.
El compromiso y posición del Ejecutivo de Luis Arce es garantizar para los primeros días del próximo año nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El presidente de Diputados, Jerges Mercado, denunció, sin embargo —en clara alusión a las dos ocasiones en que se suspendió el proceso de preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura—, que una “mano negra” pretende obstaculizar las elecciones judiciales de 2023.
La sospecha tiene sentido. Si la elección judicial se pospone para 2024, coincidiría con las dinámicas políticas propias de un año preelectoral y, probablemente, con los conflictos que se derivarán del cierre del Censo con demandas de reajuste presupuestario para los departamentos, como lo anuncia la oposición política de Santa Cruz, y la nueva representación territorial parlamentaria.
Además, la Constitución boliviana establece el verificativo para este año y señala que las autoridades judiciales cesarán en sus funciones al concluir su mandato.
El Gobierno nacional descartó con firmeza la posibilidad de prorrogar el mandato de los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Bolivia es el único país del continente que selecciona a las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional por voto popular.
Estas elecciones, que ya se dieron en 2011 y 2017, se celebran por voto universal.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es optimista porque la “ley corta”, cuya promulgación se da por descontada, le otorga el tiempo suficiente para la ejecución del proceso de las elecciones judiciales 2023.
La denominada “ley corta”, sancionada en el Legislativo, reduce los plazos para las elecciones judiciales.
La institucionalidad electoral tiene adecuado el calendario electoral a 64 actividades que deberá cumplir y concluyó uno de los procesos más importantes, como es el empadronamiento de nuevos electores.
El padrón electoral biométrico registra por el momento 7.350.000 votantes y en ellos se sustenta la fuerza de la democracia.
