El presidente Luis Arce promulgó la ley para garantizar la preselección de candidatos y las elecciones judiciales, luego de que el proceso fue suspendido en dos ocasiones. El Legislativo tiene 60 días para aprobar la nómina de candidatos, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 100 días para organizar y desarrollar las justas judiciales.

La ley, denominada Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, tiene como fecha de promulgación el 5 de junio.

Una vez vigente la norma, en el Legislativo debe elaborarse el reglamento de este proceso que fue suspendido en dos ocasiones ante la interposición de recursos legales en contra del reglamento de preselección de los candidatos.

El reglamento de preselección, que deberá basarse en los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley 025 del Órgano Judicial, la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y demás normativas aplicables, debe garantizar que, del total de personas preseleccionadas, el 50% sean mujeres y se incluya a aspirantes con autoidentificación indígena originaria campesina.

Con la ley se habilita la postulación y preselección de postulantes, trabajo que compete al Legislativo 60 días calendario, y para la organización y desarrollo de la votación popular, a cargo del ente electoral, 100 días calendario.

Por el momento no está definida la fecha de las elecciones, sin embargo el objetivo de los plazos es garantizar que en enero del próximo año juren las nuevas máximas autoridades judiciales.

En el caso del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional, la elección se desarrollará en circunscripción departamental. La lista para cada instancia estará integrada por cuatro personas en cada departamento.

En cada circunscripción departamental se elegirá a un magistrado titular y uno suplente para cada instancia.

La magistrada o el magistrado titular será la o el candidato que obtenga el mayor número de votos válidos; la magistrada o el magistrado suplente será la o el siguiente en votación.

En tanto, la elección del Tribunal Agroambiental se desarrollará en circunscripción nacional. La lista estará integrada por 14 candidatas y candidatos.

Las magistradas o magistrados titulares serán las y los cinco que obtengan el mayor número de votos válidos y las magistradas o magistrados suplentes serán las y los siguientes cinco más votados.

De igual manera, en el caso del Consejo de la Magistratura la elección se hará en circunscripción nacional. La lista estará integrada por 10 candidatas y candidatos.

Las consejeras o consejeros titulares serán las y los tres que obtengan el mayor número de votos válidos y las consejeras o consejeros suplentes serán las y los siguientes tres más votados.

El orden de ubicación de las y los postulantes en la franja correspondiente de la papeleta electoral se definirá mediante sorteo público organizado por el Tribunal Supremo Electoral.

El TSE habilitará dos papeletas, una para la circunscripción nacional correspondiente al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, y otra para la circunscripción departamental correspondiente al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia.

Lo que establece la norma 1513

El proceso de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional se divide en dos etapas:

- Preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura 2023.

- Elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2023.

La postulación y preselección de postulantes tendrá una duración de hasta 60 días calendario y será la Asamblea Legislativa la encargada de esta tarea. Para ello, la norma 1513 dispone, en su artículo tercero, que se debe redactar un reglamento y convocatoria de preselección, en el que estén los requisitos que deben cumplir los aspirantes.

También establece que la organización y desarrollo de la votación popular, con una duración de hasta 100 días calendario, debe organizarse por el Tribunal Supremo Electoral.

Con los plazos fijados, se espera que los comicios judiciales se desarrollen a fines de noviembre, para ello el TSE hará los ajustes convenientes dentro de las actividades del calendario electoral.