La Asamblea Legislativa Plurinacional, vigente desde la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009, es, supuestamente, el escenario de mayor representación política de la sociedad puesto que en ella confluyen las voces de pueblos olvidados o marginados, de las regiones, las fuerzas políticas, organizaciones sociales y, en síntesis, de mujeres y hombres libres que buscan tener voz en el ensordecedor escenario político.

Cada cinco años, candidatos y organizaciones partidarias repiten un acostumbrado libreto: “buscar a los mejores varones y mujeres para formar una bancada parlamentaria digna y representativa”. Pasadas las votaciones, el Órgano Electoral entrega credenciales a los nuevos parlamentarios y parlamentarias, e ingenuamente surge la esperanza de que la nueva representación será mejor que la anterior. 

Pero la expectativa acaba pronto. Así ocurrió en 2020 cuando instalados en sus nuevos curules un grupo de diputados de Creemos rompió su alianza con Fernando Camacho y optó por su propio camino. Tiempo después esta fuerza parlamentaria sufrió una nueva fractura con groseras acusaciones entre quienes abandonan y se quedan en el barco capitaneado por el Gobernador de Santa Cruz, ahora detenido en Chonchocoro. 

En el MAS el panorama es parecido. La división entre arcistas y evistas es comidilla de cada día. Diputados oficialistas se agreden entre sí de todas las formas posibles, se acusan de corrupción y otros delitos, tanto como para pensar que el honorable parlamento está convertido en una gavilla de oscuros personajes. 

¿Y qué pasa con Comunidad Ciudadana? Simple y llanamente, más de lo mismo. Para muestra bastan algunos botones: la decisión del diputado Ingvar Ellefsen de facilitar excarcelación de Max Mendoza, el conocido “dinosaurio universitario”, en un caso que provocó indignación y profunda vergüenza para el sistema universitario nacional. 

En la fallida censura al ministro de Justicia, Iván Lima, dos parlamentarios de Comunidad Ciudadana tuvieron especial protagonismo: Rodrigo Paz, senador interpelador, que estuvo ausente en la sesión y la senadora Sylvia Salame que abiertamente votó a favor de Lima y en contra de su bancada. Salame expuso sus motivos públicamente y su bancada la puso en la congeladora. ¿Alguien le dijo algo al senador Paz?

Y en medio de estas miserias en 31 meses de gestión, ¿se conoce de alguna ley que haya surgido de las entrañas del Órgano Legislativo que, precisamente, tiene la facultad de legislar en bien del país? No.

¿Qué se sabe de los 63 diputados uninominales elegidos por voto directo? ¿Hicieron algo en favor de sus circunscripciones? ¿Rinden algún informe a sus electores? Tampoco se conoce nada. Simplemente se convirtieron en un engranaje del mecanismo de levanta manos, sin mayor oficio ni trascendencia.
El parlamento también tiene siete diputados electos en siete circunscripciones especiales. Más allá de su presencia simbólica y del uso de sus atuendos propios en ciertas ocasiones especiales, ¿se conoce algo de su trabajo legislativo y fiscalizador?

Ciertamente, el parlamento actual despertaba ciertas esperanzas porque por primera vez se alcanzó equidad y paridad en la representación política entre mujeres y varones, pero van dos años en que las directivas están en manos de varones sin mayores expectativas de alternancia y, lo que es peor, hace poco fueron mujeres las que agredieron físicamente en plena sesión interpelatoria. 

Si existe una institución que arrastra el prestigio por los suelos es, sin duda, la Asamblea Legislativa. ¿Le preocupa al alguien? Aparentemente, no. Y debería ser un tema de profundo análisis porque esta crisis es, en cierta medida, reflejo de la polarización y descomposición del tejido social y la consecuencia de ello es que la gente puede llegar a pensar que con un parlamento de esa calaña la democracia pierde sentido y legitimidad. Ése es el verdadero peligro.