El viernes, un grupo de asambleístas departamentales del Movimiento al Socialismo fueron agredidos mientras intentaban ingresar a la Asamblea Legislativa Departamental, para asistir a la ceremonia de posesión de los asambleístas del pueblo guaraní.
En el hecho, la asambleísta departamental por el MAS, Muriel Cruz, fue increpada y agredida con violencia por parte de varias personas, una de ellas incluso utilizó un palo para golpearla.
Esta semana también se reportó una violenta agresión contra la concejala del municipio de Cochabamba, Claudia Flores, por parte de simpatizantes de la organización política Súmate, quienes la acusan por un supuesto acto de transfugio, la madrugada de ese mismo día, la concejal Daniela Cabrera fue internada luego de sufrir un problema respiratorio y nervioso.
Ante estos hechos, el expresidente Carlos Mesa Gisbert repudió este tipo de prácticas señalando que la violencia política y las agresiones contra todo aquel ciudadano que exprese un pensamiento distinto, no puede aceptarse en ningún caso.
“Lo ocurrido en dos departamentos del país contra concejalas y contra una asambleísta departamental, merecen el repudio de todos y la sanción que corresponda”, manifestó la exautoridad desde sus redes sociales.
De igual forma y haciendo énfasis en el caso de la asambleísta Cruz, el presidente Luis Arce Catacora y varias autoridades de Gobierno manifestaron su rechazo a los actos de violencia en el ámbito político, sobre todo en contra de mujeres.
“La violencia debe ser condenada siempre. Toda nuestra solidaridad con la asambleísta departamental de Santa Cruz, Muriel Cruz, que fue brutalmente agredida en puertas de la Gobernación cruceña. Exigimos identificar y sancionar a los responsables de este cobarde ataque”, expresó Arce.
Ayer, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció el envío de una nota al Ministerio de Justicia para activar el denominado Mecanismo de prevención y atención inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso o violencia política, esto en el caso de las agresiones que sufrió la asambleísta Muriel Cruz.
“La Ley 243 tiene por objeto establecer los mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos”, precisó la ministra.
El referido “Mecanismo de prevención y atención inmediata” está integrado por representantes de los ministerios de Justicia y de Gobierno, además del Viceministerio de Autonomías, el Órgano Electoral, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Boliviana, además de organizaciones representativas, autoridades electas y otras entidades autónomas.
“Nosotros rechazamos enérgicamente estos actos y llamamos a todas las instancias definidas por ley a realizar una investigación y a tomar las acciones correspondientes que se han estado realizando desde el día de ayer”, sostuvo Prada.
El viernes por la noche, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, presentó a cinco personas acusadas de participar en el violento ataque a la asambleísta cruceña. “Queremos dejar en claro que estas acciones que se han cometido están tipificadas como delitos”, sostuvo la autoridad.
Asimismo, informó que existen otras 11 personas más en proceso de investigación, de las cuales cuatro, presuntamente, son funcionarios de la Gobernación.
“En este momento el Ministerio Público se encuentra realizando todo el proceso de recolección de información, a fin de individualizar cada uno de los casos y, de encontrarse elementos probatorios que determinen que ellos han tenido una participación directa en este hecho, van a ser procesados”, dijo Ríos.