Pese a que la Cámara de Senadores ya sancionó la ley corta que viabiliza el proceso de preselección de magistrados para las elecciones judiciales de 2023, la oposición y un sector del Movimiento Al Socialismo (MAS) aún dudan de que se dé curso a este proceso y manifestaron que se mantiene la incertidumbre.

El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo que es poco probable que el presidente Luis Arce promulgue la ley corta (que ya fue aprobada, la anterior semana, por la Cámara de Diputados y el Senado), debido a que hasta el momento no hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TCP) respecto a un recurso abstracto presentado por el diputado Leonardo Ayala.

El 24 de abril, Ayala presentó al TCP un recurso en el que pide la restitución de los dos tercios para aprobar la ley, la convocatoria y el reglamento de preselección de candidatos para altos cargos del Órgano Judicial. Esa acción postergó el proceso de las elecciones judiciales y aún no respondió del TCP.

“Esta ley es un elemento de simulación, mientras no salga ese fallo del Tribunal Constitucional, en respuesta al diputado Ayala, no habrá promulgación. Ese fallo va a  dar el verdadero trazado de la cancha de juego de las judiciales”, denunció Alarcón.

Obstaculización

El presidente de Diputados, Jerges Mercado (del ala arcista del MAS), denunció ayer que una “mano negra” pretende obstaculizar las elecciones judiciales, pero aseguró que la posición y compromiso del Gobierno y del Legislativo es garantizar para el próximo año la elección de nuevas autoridades del Órgano Judicial y del TCP, según reporte de ABI.

“El reglamento, como es de conocimiento público, ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hemos tenido que lamentar alguna mano negra por ahí que quiere obstaculizar el desarrollo de las elecciones”, insistió en alusión a los dos recursos legales que paralizaron este proceso.

Mercado aseguró que el Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa “están firmemente comprometidos con el pueblo boliviano para dotarle de administradores de justicia en enero de 2024”.

La ley corta determina plazos

En la norma, remitida al Ejecutivo para su promulgación, se fija un plazo de 60 días para que la Asamblea realice la preselección de los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Órgano Judicial, y 100 días para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice la elección. Desde el MAS afirmaron que se espera esta semana, como máximo, su aprobación. “Debe ser promulgada en estos días porque debemos trabajar en el reglamento que no creo que pase de esta semana”, dijo Patricio Mendoza, diputado del MAS.