e puede considerar que la marcha –en medio de escollos visibles e invisibles– hacia la selección y elecciones de 94 magistrados para cuatro órganos del sistema judicial boliviano, finalmente está avanzando hacia el objetivo final de realizar elecciones populares para elegir a los candidatos ya elegidos con anterioridad.
En efecto, la Cámara de Senadores sancionó un proyecto de ley remitido por la Cámara Baja disminuyendo aún más los plazos para las elecciones judiciales que, posiblemente, se realicen a principios de diciembre, siempre que se sobrepase una serie de obstáculos visibles e invisibles que aún se presentan en el recorrido.

El nuevo Proyecto de Ley establece nuevos plazos en el proceso de preselección de candidatos a magistrados para la conformación del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Al mismo tiempo, el proyecto se refiere a la organización y realización de la votación popular en la gestión 2025, punto que originó candente debate entre los senadores. Ese punto admite que el Tribunal Legislativo garantizará que, del total de personas preseleccionadas, el 50 por ciento sean mujeres y se incluya candidatas y candidatos con identificación indígena originaria campesina.
Por otro lado, la ley sancionada retrocede de 80 a 70 días para la postulación y preselección de postulantes y de 150 hasta 120 días el plazo para la organización y realización de las elecciones que estarán a cargo del Tribunal Supremo Electoral.

Como es de observar, la ya morosa preparación y realización de la elección de magistrados por voto popular, no solo es difícil, sino también lenta y con dificultades de todo género. Es más, para llegar a su culminación, el Proyecto de Ley y otras varias etapas de decisión, todavía tendrán que pasar por las horcas caudinas e inclusive sobrepasar dificultades de consideración, a tal extremo que, en caso de no llegarse a soluciones definitivas, la decisión final de elección de los 94 magistrados, tendría que realizarse por vía de un decreto supremo, última palabra para construir el edificio judicial hasta en sus detalles.

En ese sentido, se tiene la impresión de que la nominación de magistrados por vía de la elección popular, establecida por la Constitución del año 2009, encuentra en su realización tal cantidad de problemas que originan la desconfianza general y permiten vislumbrar que la reforma judicial resultaría cada vez más remota. Al mismo tiempo, no se dejaría de pensar que la elección de magistrados “desde arriba” no es la correcta y que, para el futuro, se debe pensar en la elección de esas altas autoridades judiciales, por un sistema que venga de “abajo hacia arriba”, que sería el único que garantice que la justicia actúa independiente de otros poderes.

El hecho de que la elección popular de magistrados sea resultado de selección previa de candidatos, por órganos ajenos, podría originar nuevos conflictos y que la receta resulte peor que la enfermedad.