Lo acontecido ayer en el Concejo Municipal de Cochabamba es un acto delincuencial que pone en cuestión la calidad de los líderes de las organizaciones políticas a las que obedecen las bancadas de ese Órgano Legislativo edil.

Lo es, porque la conducta violenta de los grupos que se enfrentaron en ese recinto del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba no puede ser resultado de iniciativas carentes de la aprobación, sino de las instrucciones, de quienes lideran a los grupos enfrentados.

Mujeres y hombres que invadieron un predio edil y agredieron a concejales electos por el voto popular para representar a los habitantes citadinos. Los agredidos optaron por no someterse a la voluntad de los dirigentes máximos de las organizaciones políticas en cuyas listas fueron elegidos.

El resultado fue la agresión, de todo tipo, en represalia por su insumisión.

“Entraron y me sacaron arrastrándome en todo el patio del Concejo Municipal con patadas, de unas 30 a 40 personas en todo mi cuerpo. N han tenido respeto a mi integridad física. Esto es atentar contra mi vida”, manifestaba la más afectada de las víctimas, que terminó hospitalizada.

Ella, lo mismo que otra colega, también agredida son víctimas de la crisis que se inició a principios de mayo con la elección de ambas —concejalas oficialistas— en los puestos de la directiva que corresponden a la bancada mayoritaria del Concejo.

Eso fue posible con votos de la bancada opositora (del Movimiento Al Socialismo) y significó la derrota de los candidatos que el Ejecutivo edil había designado.

Eso desencadenó movilizaciones de los simpatizantes del Alcalde, y una serie de demandas y contrademandas. Un lío que se prolongó 30 días hasta que tuvo lugar una nueva elección con un resultado distinto al de la primera.

Tres días antes del bárbaro hecho sucedido ayer en el Concejo, mencionábamos, en este mismo espacio, la esperanzadora posibilidad de que, con esa segunda elección, los líos en la instancia fiscalizadora de la gestión municipal llegarían a su fin.

Pero no fue así: los bandos rivales llegaron ayer al extremo más salvaje de movilización con fines políticos que se haya producido en Bolivia desde que retornamos a la democracia, después de más de una década de dictadura militar, con la violencia que le es propia.

Esa violencia retornó al país, en otros términos, hace 17 años, cuando el MAS accedió al poder. Podía pensarse que su ejercicio estaba limitado a las acciones del partido azul.

No es así, lo acontecido ayer demuestra que la violencia es aún un recurso político. En este caso, como represalia a la insumisión pacífica. Lamentable retroceso.