Afirmando que las experiencias “dramáticas” vividas en las dos últimas elecciones generales evidenciaron fallas en el sistema electoral boliviano, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, presentó un Proyecto de Ley que plantea contrastar bases de datos, garantizar la difusión de resultados preliminares y la anulación del proceso ante manipulación o fraude.
En conferencia de prensa, Alarcón expresó la preocupación de la principal fuerza de oposición en el parlamento, por la realización y los resultados que emanen de los próximos comicios generales, programados para el año 2025.
Anunciando la presentación de una iniciativa denominada “Proyecto de Ley de Transparencia y Control Electoral”, el asambleísta paceño sostuvo que se espera solucionar las fallas estructurales que aquejan a sistema electoral boliviano y así evitar lo acontecido en los comicios de 2019 y 2020.
“Estas fallas deben ser solucionadas antes de las elecciones generales del 2025 para evitar una catástrofe electoral”, dijo.
En este sentido, detalló que el proyecto de norma presentado la jornada pasada, identifica tres temas estructurales que se constituyen en fallas a ser atendidas para garantizar la transparencia y confianza en los resultados de los próximos procesos electorales.
Primeramente, se plantea hacer un cotejo y contraste de datos entre los tres principales registros de la población, los nacimientos y defunciones que son formalizados por el Servicio de Registro Cívico, los datos de cedulas de identidad levantados por el Servicio General de Identificación Personal y los registros de votantes que levanta el Tribunal Supremo Electoral mediante el Padrón Electoral Biométrico.
“Tendría que haber una coincidencia total y absoluta, y todos aquellos casos donde no haya coincidencias, dependiendo de la cantidad y la magnitud de las divergencias, se tendrá que determinar un saneamiento del Padrón o la confección de uno nuevo”, afirmó Alarcón.
Como segunda propuesta, está el garantizar la transmisión rápida de los resultados preliminares, tomando en cuenta que el 2019 la paralización de este conteo dio paso al fraude electoral y en 2020 se optó por no contar con este servicio, por determinación del ente electoral.
“Como mayor garantía de transparencia, estamos planteando que tiene que haber en todos los procesos el funcionamiento del conteo rápido en cada una delas mesas de votación, sobre la base de la primera copia del acta de mesa. Ese servicio de conteo no tiene que ser interrumpido por ninguna causa”, sostuvo.
En tercer lugar, se plantea declarar la nulidad de todo el proceso en caso de fraude, existencia de servidores ocultos, manipulación de sistemas informáticos, adulteración o falsificación de actas de votación y la interrupción en la transmisión rápida de datos electorales que pongan en duda la transparencia de los comicios.
“El concepto de fraude electoral no es un delito específico pero si es un concepto electoral muy importante que permite esto como única excepción al principio de preclusión, ya lo vivimos en la historia del país”, sostuvo Alarcón.
Así mismo se pide que cada certificado de sufragio, entregado a los ciudadanos que emitieron su voto, especifique el número de mesa en la que se efectuó la votación, esto para que el ciudadano pueda controlar y hacer seguimiento del conteo en su respectivo recinto.
El legislador de oposición finalizó señalando que esto se trata de un primer paso para avanzar en la búsqueda de garantías para que el voto de los ciudadanos sea respetado y se eviten nuevos escenarios de desconfianza generalizada sobre un proceso electoral.
“El no desactivar este campo minado significará que vamos a llegar al 2025 a unas elecciones generales que se pueden convertir en una catástrofe electoral, eso es lo que tenemos que evitar” concluyó.