Antes de ingresar en la exposición de fondo de este artículo, es de rigor realizar una aclaración conceptual muy importante. La Justicia ontológicamente es un valor, por tanto, no se puede corromper ni degradar, no puede perder su esencia; entonces, cuando coloquialmente nos referimos a la descomposición de la justicia boliviana, en realidad lo que intentamos expresar es que el sistema judicial boliviano está contaminado, descompuesto, corrupto.

Todos sabemos que el sistema judicial de nuestro país que, desde luego, incluye también al Ministerio Público y a la Policía, está en un completo estado de putrefacción, por muy duro que parezca este término. Por supuesto, no podemos ser ilusos y creer que los problemas de nuestra justicia iniciaron en los últimos años y que en épocas pasadas teníamos un poder judicial idílico. De hecho, existe un dicho muy popular y antiguo que reza: cuidate del..., y cuidate de la justicia boliviana.

Ahora bien, después de un análisis muy objetivo, me permito afirmar que dos son los factores principales para la ineficiencia, incompetencia y deterioro del sistema judicial nacional. El primero, obviamente, es el altísimo nivel de corrupción. El segundo factor, no menos importante que el primero, es la oprobiosa ignorancia de un gran número de personas que asumen cargos, como jueces, fiscales y policías, que carecen del conocimiento técnico-jurídico necesario, pues su formación profesional es deficiente, por no decir mediocre.

El primer factor, es decir la corrupción, tiene una raigambre muy profunda en nuestro país, y no solamente se encuentra en el ámbito judicial, sino también en casi toda actividad que tenga que ver con el servicio público. La corrupción es un mal que nos ha aquejado desde nuestra propia fundación, pero que, lamentablemente, se ha potenciado en los últimos años, convirtiéndonos en una de las sociedades más corruptas del planeta. El valor del dinero se ha impuesto brutalmente por sobre el valor moral. Como sociedad hemos caído en una vorágine de corrupción sin precedentes, de la cual, dudo mucho que podamos salir pronto.

Por otro lado, la evidente falta de preparación técnica de muchos funcionarios judiciales, se constituye en uno de los más grandes problemas a la hora de sustanciar un proceso legal. En definitiva, un juez, fiscal o policía que no conoce la ley y los principios básicos del Derecho, no solamente es un ignorante, sino que es un ignorante con poder, y en ejercicio de ese poder es capaz de destruir la vida de una persona. Sin duda, este factor se ha agudizado en los últimos años, debido a que siguiendo la idea instrumentalizar al Poder Judicial como un brazo represivo del partido gobernante, se han seleccionado a ciudadanos poco preparados y capacitados como operadores del sistema judicial, pero eso sí, obedientes al político de turno.

A estos dos factores principales, debemos sumar el paupérrimo presupuesto que destina el Estado al sistema judicial, lo cual se traduce en falta de recursos humanos, infraestructura adecuada, herramientas tecnológicas, equipos, material de trabajo, etc. Es tan patética la situación de nuestros juzgados que, en no pocos casos, los salones de audiencias son habitaciones precariamente acondicionadas, en las que incluso no existen sillas ni mesas para los litigantes. La poca asignación de recursos económicos se traduce en desorganización, ineficiencia e improvisación en el desarrollo de los procesos legales.

Lo cierto es que la mejora de nuestro sistema judicial es bastante complicada, y no solamente pasa por cambiar la forma de elección de los jueces supremos, como pretendían juristas a través de un referendo. Ante todo, es preciso encarar un proceso educativo en valores que debe partir desde las escuelas y continuar en las universidades. Asimismo, considero que la habilitación para litigar y ejercer la abogacía debe sustentarse en procesos mucho más estrictos y serios, que garanticen un alto nivel de conocimiento de la ciencia jurídica por parte de los egresados universitarios. Del mismo modo, el Estado debe destinar mayores recursos económicos al órgano judicial, lo cual, en alguna medida puede disminuir las oportunidades de corrupción, porque allá donde existe carencia, caos y desorden es más fácil que exista corrupción.

De no cambiar la trágica realidad de nuestro sistema judicial, estamos condenados a vivir en un país muy peligroso, donde la “coima”, la “muñeca” y el favor político son determinantes en los procesos judiciales, donde inocentes son condenados, donde culpables quedan impunes y donde el litigante debe sufrir un verdadero viacrucis para lograr el respeto por sus derechos.