J.A.C.B., exfuncionario de la Sala Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mencionó a dos personas de esa institución como las destinatarias de los 20.000 bolivianos cobrados por una sentencia dentro de una demanda laboral, según informó en pasados días el fiscal Fernando Aragón.

A partir de esa declaración, el Ministerio Público en Chuquisaca está detrás de funcionarios de esa sala que estarían involucrados en este caso. J.A.C.B. inicialmente fue enviado por tres meses a la carceleta de Camargo, pero el vocal Hugo Michel dispuso su libertad irrestricta. 

Ahora, los fiscales preparan una acción constitucional contra esa determinación de la instancia superior de la justicia.

¿QUIÉNES MÁS?

De acuerdo con la investigación preliminar, el ahora exfuncionario J.A.C.B. no actuó solo: él aludió a otras dos personas.

“Estamos en el tramo de individualizar a otros dos funcionarios más de estos cobros, ya que, de acuerdo a la declaración de la propia víctima, refiere que otros dos funcionarios estuviesen involucrados con el cobro de estos dineros”, afirmó Aragón.

Según la denuncia, que se reveló el 16 de marzo de este año, en la conversación que mantuvieron J.A.C.B. y el litigante, el primero le indicó que el dinero no era para él y que consultaría con dos personas que, según dijo, tenían que ver con la sentencia.

De acuerdo con la revelación del Fiscal, en la denuncia se hace referencia a dos funcionarios, sin mencionar su rango ni su cargo. Las labores investigativas del Ministerio Público apuntan a individualizarlos.

El Fiscal aseguró que esperan respuestas de diferentes entidades bancarias, entre ellas el intervenido banco Fassil, para sustentar el cobro ilícito.

“De momento, no se sabe de otras víctimas ya que el cobro que motivó la denuncia tiene una víctima y esta apunta a un funcionario”, agregó.

DECISIÓN DEL VOCAL 

El fiscal Aragón dijo que la decisión del vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca Hugo Michel, quien dispuso la libertad irrestricta del imputado J.A.C.B., perjudica el proceso investigativo ya que en la audiencia cautelar, al momento de fundar el pedido de detención preventiva, se demostró que ese funcionario camufló el origen lícito del dinero e intentó deslindar su responsabilidad.

“Estos actos estaban dirigidos a obstaculizar, falsear y también a entorpecer la investigación, pero, según el Vocal que conoció la apelación de medidas cautelares, este argumento era muy subjetivo”, manifestó.

Reiteró que en audiencia se mostraron pruebas y documentos de que el imputado no estaba coadyuvando con la averiguación de la verdad y, al contrario, obstaculizaba la investigación.

Una comisión de fiscales también analiza la posibilidad de convocar a los magistrados de la Sala Social Primera del TSJ, Esteban Miranda y José Antonio Revilla, para que presten declaración dentro de este proceso, refirió Aragón.

DENUNCIAS

Los magistrados de la Sala Social Primera denunciaron de forma separada este hecho en la Fiscalía al igual que la Unidad de Transparencia del TSJ; el Ministerio de Justicia dijo que hace seguimiento cercano al caso.