A 11 años de aplicación de la Ley 243, contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, existen solo tres sentencias contra políticos que violentaron verbalmente e infundieron amenazas contra candidatas y autoridades electas municipales, departamentales y nacionales.

La última sentencia se emitió este viernes 2 de junio. El juez Jorge Alcoba dictó tres años de prisión para el concejal de Villamontes Marco Antonio Espíndola por el delito de violencia política en contra de la concejala Norma Hidalgo.

“La ciudadana que actualmente es concejala ha sido sometida a diferentes agresiones psicológicas lo que ha implicado que se sienta en cierta forma limitada de ejercer el cargo por el que ha sido elegida por voto popular”, informó la fiscal del caso, Ángela Coronado.

La directora de Género del Gobierno Municipal de Villa Montes, Araceli Reyes, informó a Yacuiba Noticias que la concejala sentó la denuncia en 2021, ante los permanentes insultos y burlas que recibía de parte de Espíndola en las sesiones del Concejo Municipal, calificándola de no saber leer ni escribir.

Según datos del Ministerio Público, desde la gestión 2012 a octubre de 2022, se registraron 515 casos de acoso y violencia política. Este año, sólo hasta mayo se conocieron 29 casos.

Respecto a los casos que se registraron en la Defensoría del Pueblo, entre las gestiones 2014 y mediados de abril del 2023 suman un total de 173 casos de acoso y violencia política.

“Hay hitos normativos en cuanto al tratamiento del acoso político y la participación de las mujeres. No obstante, estamos visibilizando escenarios que afectan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y existen debilidades de los compromisos forzosos de gestión compartida”, manifestó el Defensor del Pueblo, Francisco Callisaya, en la presentación del informe ‘Obligadas a renunciar’.

La primera sentencia por acoso político data de febrero de 2021. El candidato a la Gobernación de La Paz y exdiputado Rafael Quispe fue sentenciado a dos años de cárcel por acoso político a la exdirigente de las Bartolinas, Felipa Huanca.

La exdirigente interpuso la demanda por acoso político el 2015, cuando era candidata a la Gobernación de La Paz por el MAS, en ese tiempo estalló el escándalo por el desfalco en el Fondo Indígena. Huanca perdió las elecciones y acusó a Quispe de haber afectado su candidatura y su imagen al acusarla de manera sistemática de haber incurrido en el delito de corrupción.

La segunda condena fue contra Arturo Vegamonte, en 2022. La exasambleísta por Cochabamba María Patzi denunció a su colega quien la presionó, amenazó y agredió verbalmente para que renuncie a la titularidad de su cargo y él asuma en su lugar en 2018.