La ley transitoria que ajusta los plazos para las elecciones judiciales fue sancionada ayer, por la mayoría del MAS en el Senado, y ahora solo espera la promulgación del presidente Luis Arce. Entre críticas de la oposición, el oficialismo sostiene que así avanza para destrabar el proceso, pero aún hay que esperar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre una última acción presentada contra los comicios, cuya admisión paró el proceso.

La “Ley Transitoria para garantizar el proceso de Preselección y Elección para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura 2023” reduce de 80 a 70 días el proceso de postulación y preselección de aspirantes; y de 150 a 120 días, la organización y realización de las elecciones a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ayer, las facciones “arcista” y “evista” del partido oficialista mostraron unidad para aprobar la norma. Primero, dieron curso a la dispensación de trámite para evitar la Comisión de Constitución; luego, aprobaron la ley en grande y, finalmente, en detalle.

Una vez sea promulgada, el Legislativo debe alistar la convocatoria al nuevo proceso de selección de candidatos judiciales.

De forma posterior, el TSE diseñará el cronograma. Hace unos días, su presidente, Oscar Hassenteufel, señaló que el plazo límite para arrancar es julio y precisó que no solo esperaba la ley transitoria, sino el fallo del TCP.

OBSERVACIONES

Legisladores de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos advirtieron que, tal como está redactada la ley transitoria, puede ser objeto de impugnaciones ante la justicia, que ya paralizó en dos ocasiones el proceso de selección de postulantes.

Para la senadora de CC Andrea Barrientos, la norma no modifica nada y está diseñada “para que el TCP, de quienes somos rehenes, otra vez puedan impugnar”. Vaticinó una nueva acción de inconstitucionalidad “porque este mamarracho lo permite”. “Lo que nos queda claro es que el MAS ha tomado como definición política que no existan elecciones judiciales porque le interesa el decretazo”, denunció. Afirmó que la ley en cuestión duplica el ordenamiento jurídico en uno de sus artículos y vulnera la normativa electoral vigente, además de haber sido presentada sin informe ni opinión técnica.

Por su lado, el senador de Creemos Henry Montero sostuvo que “lo que están haciendo hoy es querer curarse en sano: ‘ah no, como Senado, como legisladores cumplimos con la Ley, pero otra instancia ha determinado que esto no vaya’ y seguramente ya estará el plan B, el plan C o el plan D del Ejecutivo”.