Luego de haber aprobado la dispensación de trámite para evitar el envió de la norma a la Comisión respectiva por solicitud del senador oficialista Miguel Rejas, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa en sus estaciones en grande y detalle para posteriormente sancionar la denominada “Ley Transitoria para garantizar el proceso de Preselección y Elección para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”. Esto que generó un amplio debate en el Pleno Sanatorial, durante la 135° Sesión Ordinaria de esa instancia.
El objeto de la ley, según establece su artículo 1, es: establecer parámetros necesarios en el proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del TCP, TSJ, TA y CM; la organización y realización de la votación popular en la gestión 2023.
Por otro lado, el parágrafo I del artículo 3 establece que, en ejercicio de la atribución prevista en el numeral 5, parágrafo I del artículo 158 de la CPE, la ALP elaborará a través de la Comisión Mixta que corresponda, el Reglamento de Preselección de Candidatos a fin de que sea aprobado con Resolución de Asamblea.
Asimismo, el artículo 4 de la normativa sancionada refiere que, la ALP garantizará que del total de personas preseleccionadas, el 50% sean mujeres y se incluya candidatas y candidatos con autoidentificación indígena originaria campesina.
“Hemos sostenido reuniones con el TSE para ajustar los tiempos y llevar adelante las elecciones judiciales. Sabemos muy bien que debemos hacer esfuerzos sobrehumanos para poder garantizar el proceso y expandir la información necesaria”, sostuvo la senadora Patricia Arce, presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, recordando que las nuevas autoridades judiciales deben asumir sus cargos en enero de 2024.
Al respecto, el senador oficialista Rubén Gutiérrez, detalló que los nuevos plazos aprobados por la norma establecen que la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con 60 días para trabajar en el proceso de preselección de candidatos en las comisiones mixtas correspondientes, en tanto que el Tribunal Supremo Electoral contara con 100 días para organizar y adecuar sus actividades rumbo a la votación de la ciudadanía.
“Con estos nuevos plazos que hemos ajustado, se está garantizando la elección y generamos certezas no solo a los postulantes que se presenten a esta convocatoria pública, abierta y meritocrática, sino también se cumple con el pueblo boliviano que está exigiendo renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial en sus máximas instancias”, dijo.
Desde la oposición, la senadora por Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, calificó la norma como “basura”, por solo contemplar la modificación de fechas y no temas centrales como los reglamentos para la preselección.
“Esta ley es una ‘basura’ porque solo cambia la fecha. El problema principal no es ese, el problema principal para las Elecciones Judiciales es la preselección y el instrumento con el que vamos a preseleccionar, es esa la situación”, afirmó la asambleísta insistiendo en que la ley debería ser reprogramada porque ya se encuentra “desfasada”.
Salame recordó que anteriormente presentó un Proyecto de Ley “reglamentaria” para los Comicios Judiciales, mismo que no fue tomado en cuenta por la mayoría oficialista en la Cámara Alta.