La Cámara de Senadores aprobó la dispensación de trámite del proyecto de “ley corta”, cuyo fin es destrabar las elecciones judiciales. La medida fue solicitada por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Miguel Ángel Rejas.

Ante el fallido proceso de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa dispuesto por sendas resoluciones del Tribunal Constitucional, el oficialismo propuso el proyecto de Ley de Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección y Elección Judicial.

El pasado 24 de mayo, Diputados aprobó una ‘ley corta’ para “destrabar” ese proceso. Los legisladores debatieron los cinco artículos y las tres disposiciones transitorias de la propuesta.

La norma plantea una reducción de plazos para la elección de las autoridades judiciales.

Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Legislativa, se reduce de 80 a 70 días el proceso de preselección de candidatos. Y para el TSE, de 150 a 120 días la organización.

Con la dispensación de trámite, el Senado debatirá el contenido de la propuesta para ver si los legisladores, de oficialismo y oposición, la sancionan. De aprobarse la norma, pasará al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

El 28 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional suspendió de forma temporal el proceso de preselección de postulantes; eso, debido a un fallo del Tribunal Constitucional. El diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso ese recurso.

También, el 12 de abril, el proceso de preselección fue suspendido tras un amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Miguel Ángel Balcázar en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Aquel pidió anular el reglamento de preselección y la convocatoria.

Elecciones judiciales

Ésta será la tercera vez que Bolivia asistirá a elecciones judiciales. Se prevé que los comicios se desarrollen a finales de noviembre de este año. La primera elección de autoridades judiciales ocurrió el 16 de octubre de 2011 y la segunda, el 3 de diciembre de 2017.

Las elecciones judiciales deberán definir el nombramiento de 23 jueces y consejeros, titulares y suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo de la Magistratura.