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Medio: La Patria
Fecha de la publicación: miércoles 31 de mayo de 2023
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Acoso y violencia política
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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En los últimos seis años, 370 mujeres entre asambleístas y concejales han renunciado a sus cargos por diversas causales, según información del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
De acuerdo con las cartas de renuncia enviadas, de esas 370 mujeres, 239 desistieron por problemas personales o familiares, 42 por acoso o violencia política, 30 por motivos de salud y otras 59 por diferentes razones.
Renuncias forzadas en municipios rurales
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, ha cuestionado que en municipios rurales se esté dando la renuncia forzada de autoridades femeninas para dar paso a suplentes masculinos. Esto implica que las mujeres deben asumir su cargo, pero luego renunciar para que un hombre tome su lugar.
Informe Defensorial “Obligadas a renunciar”
Estos datos forman parte del Informe Defensorial “Obligadas a renunciar”, cuya investigación se realizó mediante encuestas a 326 mujeres autoridades: 268 concejales y 58 asambleístas departamentales. “Estos compromisos vulneran los derechos políticos de las mujeres», señaló Callisaya.
Pocos casos con sentencia condenatoria
Datos del Ministerio Público indican que desde el año 2012 hasta el pasado mes de octubre se han registrado un total de 515 casos relacionados con acoso y violencia política. Sin embargo, solo dos casos tienen sentencia condenatoria, mientras que el resto sigue en curso o las víctimas han desistido.
Desconocimiento sobre procedimientos de denuncia
La Defensoría del Pueblo también reportó desde 2014 hasta abril de 2023 un total de 173 casos relacionados con acoso y violencia política. Además, se estableció que varias mujeres desconocían el procedimiento de denuncia y las instancias encargadas de estos casos.
Otros tipos de violencia contra las mujeres políticas
Según Callisaya, otros tipos de violencia contra las mujeres políticas incluyen la falta de pago de haberes mensuales y la normalización del uso indebido de poderes notariales. Estos compromisos vulneran los derechos políticos de las mujeres, concejalas y asambleístas departamentales particularmente. Esto impide que puedan culminar con el periodo de sus funciones, debilita efectivamente el escenario de ejercer poder público y la construcción de una democracia paritaria y en igualdad de condiciones”.
/NCC



