La Defensoría del Pueblo identificó una nueva forma de acoso político contra las mujeres autoridades electas. Se trata de los compromisos forzosos de gestión compartida (CFGC), descritos en un informe presentado ayer por esta institución.

Obligadas a renunciar. Compromisos Forzosos de Gestión Compartida: vulneración a los derechos políticos de las mujeres, es el informe presentado por el defensor del pueblo Pedro Callisaya, a 10 años de la promulgación de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política a las Mujeres.

La característica de esta nueva práctica consiste en que se obliga a las mujeres autoridades electas titulares a renunciar a su mandato luego de un determinado tiempo, que generalmente se produce al cumplirse la primera mitad de ejercicio del cargo. Dicha renuncia habilita al suplente, que generalmente es varón, para que asuma la titularidad, explicó Callisaya.

Recomendación

Considerando el hallazgo de esta nueva vulneración a los derechos de las mujeres electas, la Defensoría del Pueblo plantea, entre otras medidas, la modificación de la Ley 243, a fin de incorporar los compromisos forzosos de gestión compartida como un acto de acoso y/o violencia política.