Un informe de la Defensoría del Pueblo identifica varios riesgos que obligan a legisladoras regionales o concejalas municipales a renunciar a su cargo al cumplir media gestión, aspecto que debe refrendarse mediante un compromiso verbal o escrito, hecho que vulneran los derechos políticos de las mujeres.

El estudio “Obligadas a renunciar. Compromisos forzosos de gestión compartida: vulneración a los derechos políticos de las mujeres” establece una serie de instrumentos jurídicos para obligar a las autoridades mujeres de las asambleas departamentales y concejos municipales del país a “dejar su cargo” en beneficio de su suplente, que es un varón.

“La investigación lo que trata de hacer es visibilizar el uso de instrumentos que limitan los derechos políticos (de la mujer): el uso de poderes notariados, en el que el apoderado se apersona a presentar su renuncia ante el Tribunal Supremo

Electoral o Departamental, también se contempla el cobro de sumas de dinero en favor de los suplentes que representan a organizaciones sociales y políticas”, señaló el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.

Agregó que recurren a hacer firmar documentos en blanco, aspecto que se articula en los denominados Compromisos Forzosos de Gestión Compartida (CFGC).

Estos compromisos se promueven a través de organizaciones sociales y políticas.