Se dice que la inversión pública tiene el potencial de generar empleo, al poner a las personas en movimiento y darles un salario; al requerir equipos y materiales que, si se producen localmente, crean otro círculo virtuoso de generar trabajos indirectos; y al motivar el gasto que se destina a proveedores de servicios.

De acuerdo con el artículo 300 de la Constitución, los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) tienen 36 competencias exclusivas (exclusivas: aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva), entre las cuales se encuentran: la promoción del empleo; construcción, conservación de carreteras de la red departamental, incluyendo las de la Red Fundamental; proyectos de generación y transporte de energía; proyectos de infraestructura para el apoyo a la producción; desarrollo productivo y agropecuario.

En el artículo 104 de la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, del 19 de julio de 2010, se establecen los recursos de las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales y entre los principales se tiene a las transferencias del nivel central del Estado (NCE) por los impuestos Directo a los Hidrocarburos (IDH), Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) y las regalías departamentales.

Asimismo, el artículo 123 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz señala que el presupuesto departamental es el instrumento financiero para la ejecución anual de las políticas, programas y proyectos del GAD de Santa Cruz y el artículo 127 de dicho estatuto, manda a que las regalías departamentales deben financiar proyectos de inversión pública.

Ahora bien, traduciendo en cifras la normativa anteriormente señalada y tomando en cuenta el periodo de las nuevas autoridades subnacionales, se tiene lo siguiente:

De acuerdo con los datos de la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las transferencias de recursos del NCE, por concepto del IDH, IEHD y las regalías alcanzaron en 2021 a Bs 882,4 millones; en 2022 a Bs 1.199,9 millones y para este año el techo presupuestario es de Bs 1.056,5 millones; sin embargo, el presupuesto aprobado y asignado por el GAD de Santa Cruz para inversión pública en 2021 fue de Bs 315 millones; Bs 256,7 millones en 2022 y para 2023 presupuestaron Bs 230,5 millones. Se puede concluir que existe una reducción de asignación de recursos para la inversión pública por parte de la Gobernación de Santa Cruz, a pesar de que el Gobierno central hizo y hace todos los esfuerzos para generar mayores recursos y reciban más ingresos las gobernaciones.

Por otro lado, para 2023, el presupuesto total del GAD de Santa Cruz asciende a Bs 1.628,1 millones (sin considerar recursos 41-111 TGN), de los cuales en primer lugar se encuentran los recursos destinados a Sueldos y Salarios de la institución por Bs 420,5 millones, seguido de Construcciones con Bs 246,9 millones y Servicios No Personales, por Bs 196 millones, entre los más representativos. Nuevamente me atrevo a afirmar que la inversión pública no es prioridad para las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz, incluso incumplen su propio Estatuto Autonómico.

En el caso del GAD de Santa Cruz, no sería un justificativo señalar que por falta de recursos no se hacen obras o no se ejecuta lo planificado conforme a las 36 competencias que tiene, cuando en realidad los recursos transferidos fueron mayores y se mostró que para este año la gobernación prioriza recursos para sueldos y salarios.

Adicionalmente se encuentran los saldos no ejecutados de cada gestión; por ejemplo, de acuerdo con datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep), en 2022 el GAD de Santa Cruz no ejecutó recursos por Bs 414,6 millones y a la fecha tiene en efectivo en su cuenta corriente fiscal más de Bs 500 millones, los cuales pueden ser utilizados para el cumplimiento de sus competencias y beneficiar a la población cruceña.

Las actuales autoridades de la Gobernación de Santa Cruz se están aplazando en la gestión pública, más aún en inversión pública, es necesario recordarles que tienen la obligación de trabajar en beneficio de la población, puesto que fueron elegidas por voto popular para atender las demandas de esa misma población.

Quiero culminar con unas líneas de nuestros amigos Izquierdo de Bartolomé y Vassallo Magro (2010), quienes afirmaban que “la inversión pública promueve el crecimiento económico, a través de la construcción de infraestructura, entre otros; eleva la productividad y la eficiencia de diferentes sectores y regiones; además, ayuda a la vertebración del territorio y mejora la cohesión social”.